La retención de 180 millones de pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) a trabajadores municipales, pero que nunca se pagaron a la Secretaría de Hacienda, constituye un delito fiscal, que puede ser castigado con cárcel, aseguró el notario público y activista político, Eduardo Martínez Benavente. El Ayuntamiento capitalino reveló este martes que en los 3 periodos de la administración anterior se descontaron 180 millones de ISR a los trabajadores, pero jamás llegaron a manos del fisco. “En impuestos, que tiene que ver con ISR, se les robó a los trabajadores del Ayuntamiento, se les descontó del pago de sus impuestos y nunca se le pagó a Hacienda, ¿dónde quedó ese dinero?, ¿dónde está?”, se preguntó Xavier Nava Palacios. El notario explicó que independientemente de la devolución que puede solicitar el Sistema de Administración Tributaria (SAT), “si Hacienda quiere proceder, hay prisión para los involucrados”. “Ese no es dinero del Ayuntamiento. A los trabajadores les retienen el Impuesto sobre la Renta para enterarlo a Hacienda y este señor no cumplió con esa obligación, no era dinero del municipio, era de los trabajadores. Todo el mundo paga impuestos, pero para que lleguen a su destino final, no para que se quede el presidente municipal con ellos”, sostuvo Martínez Benavente. Explicó que Xavier Nava y la Contraloría municipal tienen la obligación de presentar la denuncia correspondiente ante Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) y presentar todas las pruebas, para que se proceda contra los responsables. “Finalmente hasta allí concluye  la obligación que tiene el alcalde. Al municipio se le va a reclamar ese dinero. Debe haber responsabilidades por parte de los ex funcionarios”. A su parecer, los responsables directos de este presunto delito son el ex tesorero municipal, Emmanuel Ramos Hernández y los miembros del Cabildo en la administración 2015-2018. “Contra el tesorero (se puede proceder) y ver si fue esto fue por instrucciones del presidente municipal y luego también los regidores. Cabildo tiene una enorme responsabilidad, porque ellos aprueban los informes financieros. Eso no debió haberse aprobado”. Finalmente, sostuvo que la Auditoría Superior del Estado tiene gran parte de responsabilidad como “ente cómplice”, porque si el problema se detectó en los 3 periodos que gobernó Ricardo Gallardo, debieron darlo a conocer, para que se corrigiera.