La violencia vinculada a grupos de ordeñadores de combustible en ductos de Pemex azota a Guanajuato. Ayer, por ejemplo, el jefe de seguridad física de la refinería de Salamanca, Tadeo Alfonso Rojas, fue asesinado en presencia de sus hijos mientras conducía una camioneta. El empleado de la empresa recibió varios impactos de bala y su hijo de 15 años uno en el tórax. Rojas, capitán segundo retirado del Ejército, era responsable de la vigilancia de instalaciones de la refinería de Salamanca, así como de Pemex en Guanajuato, incluida la red de ductos que atraviesan por la entidad. La petrolera lamentó y condenó el asesinato, y aseguró que continuará coadyuvando con instituciones de seguridad pública para combatir actos delictivos de esta naturaleza o de cualquier otra que atente contra el patrimonio de Pemex. Este homicidio se trata del episodio más reciente de una serie de crímenes que la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato vincula a grupos dedicados al robo de hidrocarburo. Por tercer año consecutivo, Guanajuato ocupó el primer lugar, en 2017, en número de tomas clandestinas, con un total de mil 696, lo que representó el 18 por ciento del total de ordeñas a ductos en el País, que sumaron 9 mil 509. Los municipios con mayor reporte de piquetes a ductos son Salamanca, Irapuato, Silao, León, Apaseo El Alto, Valle de Santiago, Cortazar, Juventino Rosas, Villagrán, Celaya, Pénjamo y Abasolo. A pesar de que una vez al mes el Grupo de Coordinación se reúne para definir estrategias de combate al robo de combustible, los resultados son nulos. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, ha reconocido que en la entidad la disputa del robo de hidrocarburo y el narcomenudeo han disparado los asesinatos. En octubre del 2017 se dio a conocer a través de un video, difundido por redes sociales, la supuesta presencia de un grupo armado que se denominó Cártel Santa Rosa de Lima, que le declaró la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio donde se ha disparado la ordeña a ductos. En julio del año pasado, el director de Seguridad Pública de Celaya, J. Santos Juárez, y un escolta fueron asesinados en una comunidad de Salamanca, crimen que aún se investiga y se relaciona con la negativa del mando a proteger a una célula criminal. En agosto de ese año, hombres encapuchados plagiaron a tres policías municipales de Salamanca y, antes de ejecutarlos, los obligaron a confesar, en un video que circuló en redes sociales, que estaban ligados a una organización dedicada al robo de hidrocarburo. También en Apaseo El Alto cuatro policías preventivos, una empleada de tránsito y dos despachadores fueron asesinados por un comando en un ataque a una gasolinera. El ex Alcalde panista del Municipio Pueblo Nuevo, José Durán, fue ejecutado y el crimen fue ligado a a la disputa por el huachicol. En 2018, en la entidad han sido asesinados cinco policías, entre ellos el director operativo de la Policía en Irapuato, Javier Castañeda Vargas. Apenas el martes, dos agentes estatales fueron emboscados y acribillados en Apaseo El Alto, y la semana pasada fueron ejecutados dos mandos policiacos de San José Iturbide.

Culpan a Federación El diputado local panista Juan Carlos Muñoz Márquez acusó que el incremento de los asesinatos por la disputa del robo de combustible y narcomenudeo obedece a que la Federación dejó abandonado al Estado. "Es un problema donde la Federación no puede quitar su propia responsabilidad, tiene responsabilidad el Gobierno federal, y estados como Guanajuato están prácticamente olvidados", dijo. El legislador, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, destacó que no hay suficientes fuerzas federales en la entidad para combatir la ordeña, que consideró delito federal. "El número de policías federales que hay en la entidad no corresponde a la cantidad que debemos tener de acuerdo al perfil que tenemos con respecto a otros estados. En Guanajuato estamos hablando que tenemos alrededor de 260 elementos, cuando hay estados mucho más pequeños, en cuanto a población, que tienen alrededor de siete, ocho o nueve mil efectivos. La Policía Federal al final de cuentas no ha respondido", advirtió. La dirigencia estatal del PRI difundió un desplegado firmado por senadores, diputados federales, locales y alcaldes, en el que acusan al Gobierno estatal de la escalada de violencia. En el documento emplazan a esclarecer el crimen del regidor en Celaya, Jorge Montes González, acribillado el miércoles pasado. Sin embargo, el Alcalde priista de Guanajuato, Édgar Castro Cerrillo, no estuvo de acuerdo con el pronunciamiento porque consideró que se politiza el tema de la inseguridad. Además, señaló que no aprobó que lo incluyeran en la firma de la misiva. En tanto, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, afirmó que la violencia en Guanajuato es parte de la descomposición en el País y urgió cambios profundos en la Constitución para reclasificar los delitos graves y mantener en prisión a delincuentes. -- Reforma