La Procuraduría General de la República (PGR) archivó una investigación por desvíos de casi 2.4 millones de pesos de un proyecto del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft), el cual otorga subsidios a empresas del sector de tecnologías de la información. La dependencia dictaminó el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria FED/CDMX/SPE/2257/2017 porque concluyó que no había elementos suficientes y el delito había prescrito un mes después de que lo denunciara la Secretaría de Economía (SE). Según datos ministeriales, el principal beneficiado con la resolución es Manuel Octavio Espejo Pantoja, apoderado de la empresa Controladora de Síntesis y Servicios S.A. de C.V., quien fue denunciado por el supuesto desfalco. La PGR sostuvo que en este caso no se acreditaba el peculado, porque el delito no consiste propiamente en aplicar o no los recursos, sino en distraerlos para un objeto distinto al que estaba previsto. Esto último no estaba probado. Pero el no ejercicio de la acción penal también fue determinado porque el peculado tiene un plazo de prescripción de 8 años y la SE denunció este caso 7 años y 11 meses después de registrado el ilícito. Los días restantes fueron insuficientes para investigar. El 22 de abril de 2008, la empresa recibió 2 millones 380 mil pesos, gestionados ante la SE por la dirección nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti). El dinero debía ser destinado al proyecto "Habilitación y equipamiento del Centro de Telemarketing Síntesis" y se estableció el 22 de marzo de 2009 como fecha límite para comprobar su correcta aplicación. El plazo se cumplió sin que Controladora de Síntesis y Servicios justificara el ejercicio de los recursos. El 29 de abril de 2009, la dirección nacional de la Canieti le informó a la Directora General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio de la SE que la empresa no había presentado la documentación comprobatoria del proyecto. En una comunicación fechada el 15 de mayo de 2009, la empresa informó a la Canieti que su personal "estaba en huelga y que le era imposible acceder a sus instalaciones" para obtener los documentos comprobatorios. La SE dejó pasar casi 8 años para denunciar el caso ante el Ministerio Público de la Federación. Fue hasta el 16 de febrero de 2017 cuando Silvia Meneses González, apoderada y directora adjunta de lo Contencioso de la dependencia, presentó la querella por peculado ante la PGR. El 8 de enero de este año, la PGR resolvió archivar la indagatoria.  La SE impugnó su resolución, pero el Juez de control federal Marco Antonio Fuerte Tapia confirmó la determinación ministerial. -- Reforma