En rueda de prensa el director de la Casa del Migrante Rolando Maldonado Salas, señaló que se ha visto mayor hostilidad y un recrudecimiento en la militarización derivado de las políticas migratorias en el último mes. Como consecuencia se ha incrementado la vulnerabilidad de las personas en su tránsito por la entidad así como la posibilidad de acceder al derecho de asilo. Tan solo con la exigencia de las empresas de transporte de presentar una identificación oficial y documento migratorio vigente para poder viajar, violenta el derecho a libre tránsito establecido en el artículo 11 de la Constitución mexicana. “Obliga a las y los migrantes a buscar rutas alternas más peligrosas que incrementan su vulnerabilidad, dejándonos a expensas del crimen organizado, siendo así víctimas de delitos como trata de personas, tráfico de migrantes”. Esto además afecta a personas en contexto de movilidad interna y nacional, como personas migrantes repatriadas, jornaleros agrícolas, desplazados internos y a la ciudadanía en general. También afirmaron activistas en el posicionamiento público que aumentaron las detenciones arbitrarias por parte de policías ministeriales, municipales, estatales, federales e incluso del Ejército ahora llamada Guardia Nacional quienes realizan operativos no solo en los puntos de revisión migratoria autorizados sino también en veredas, caminos secundarios y en domicilios particulares. Existe también hacinamiento y condiciones no adecuadas en las estación migratoria de SLP por un elevado número de personas en proceso de repatriación, que rebasan la capacidad de las instituciones. “Nos preocupa la intención del gobierno federal de crear un Centro de Transferencia en San Luis Potosí, al que llegarán personas migrantes aseguradas en la frontera norte. Para el proyecto no existe evidencia de una planeación estratégica, de infraestructura, análisis de contexto y de riesgo, ni personal capacitado para su funcionamiento”. El subdirector del Centro Potosino de Estudios Migratorios A.C (CEPODEMI) Nelson Avelar Rivera, señaló que en esta institución durante el 2018 acompañaron a mil 300 migrantes víctimas del delito en San Luis Potosí, de delitos como robo calificado, privación ilegal de la libertad, secuestro, abuso de autoridad, entre otros. “Lamentablemente las personas que denuncian siguen en calidad de tránsito, y luego la seguridad en el estado no se les hace de toda buena para quedarse a hacer la reparación del daño, y se les pueda garantizar el acceso integral a la justicia”. Organizaciones y agrupaciones en San Luis Potosí coincidieron que los derechos humanos de las personas migrantes son innegociables considerando que el gobierno federal ha subordinado la dignidad de las personas migrantes a los intereses económicos del país vecino del norte.