A dos años de que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a uno de que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el formato de las declaraciones patrimonial y de intereses aún no está listo. Piedra angular del sistema, conocido como declaración 3de3, fue la bandera de las organizaciones sociales que impulsaron la reforma y que generó los mayores desencuentros con el Legislativo y el Ejecutivo. El formato es el documento a través del cual se recabará la información patrimonial y de relaciones de todos los funcionarios del País, con el propósito de que, de manera pública, se vigile su evolución patrimonial. El 29 de junio pasado, el INAI avaló la propuesta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, que emitió un formato con 555 campos a llenar en cinco apartados: Información personal, Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos. Sin embargo, los comisionados añadieron otros 300 campos para sistematizar mejor los datos. El nuevo documento tiene que ser avalado por el comité coordinador del SNA, que encabeza Mariclaire Acosta, presidenta del CPC, y está integrado por el propio INAI, la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para este lunes se tiene contemplada una reunión de trabajo a la que asistirán representantes de cada uno de los miembros del comité coordinador a fin de intercambiar los comentarios y adecuaciones correspondientes. Sin embargo, de acuerdo con un oficio, se prevé que entre el 27 y 31 de agosto se realice una reunión extraordinaria del comité coordinador del SNA para la revisión y eventual aprobación del nuevo formato, el cual será aplicado a quienes concluirán su encargo en la presente Administración y a los próximos funcionarios. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses dentro de los tres meses siguientes a la fecha de inicio o conclusión de su encargo. -- Reforma