Nuevamente la PGR recibió otro revés en el caso contra Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz. Un juez federal determinó que es ilegal toda la información financiera que presentó la PGR en el proceso contra Javier Nava Soria, un contador involucrado en la red de empresas que desviaron dinero en el Gobierno de Duarte, porque fue obtenida sin orden judicial. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia invalidó 10 estados de cuenta, el testimonio de 10 funcionarios de bancos y un dictamen de contabilidad de la PGR, al estimar que derivan de un acto que debió contar con la autorización de un juez. La decisión, que pone en grave riesgo el caso contra el procesado, se basa en el criterio aislado dictado el 22 de noviembre de 2017 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que califica de inconstitucional el acceso a informes bancarios sin permiso judicial.  La PGR apelará el fallo en las próximas horas. "La oferta probatoria del Ministerio Público versó sobre esa información financiera, de las personas que había investigado, y todo se excluyó del juicio; entonces, ya no hay otra información financiera", dijo en entrevista Israel Trujillo, abogado de Nava Soria. "Para la defensa es clave que se hayan excluido porque fueron ilícitas, para la teoría del caso del Ministerio Público también son claves. Mi perspectiva la veo positiva, pero pues en un proceso pasan muchas cosas, como siempre lo he sostenido". La decisión del juez Fuerte Tapia fue tomada en la audiencia intermedia celebrada el jueves y viernes pasados en el recinto judicial del Reclusorio Norte. La PGR presentó allí la acusación contra Nava, a quien también le reclasificó el delito de delincuencia organizada, fincándole asociación delictuosa y lavado de dinero, ilícitos por los cuales pidió que le impusieran una condena de 20 años de prisión. A diferencia del ex Gobernador Duarte, el contador sí irá a juicio. Al término de las audiencias, Fuerte Tapia sólo aprobó a la PGR un total de 12 testimonios, 2 periciales y 10 documentales como pruebas de cargo contra Nava Soria. Entre los testimonios están los de Rodrigo González Bolaños, director de Procesos Legales "B" de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Mauricio Moreno Balbuena, representante legal de la Secretaría de Hacienda. También el de los testigos colaboradores Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez, ambos presuntos operadores financieros de Duarte, así como José Eduardo Núñez Durán, corredor público 28 de la Ciudad de México, y Mariana Sandoval Igartúa, notario público 33 de Naucalpan, Estado de México. A Nava Soria le aceptaron sólo nueve pruebas, entre ellas los mismos testimonios de las personas ya enunciadas, así como el de Javier Osornio Rodríguez, quien fungió como comisario en la empresa Hidromezclas, constituida por Janeiro y Mansur. Las otras pruebas del procesado son su escrito de contestación a la acusación y la ampliación de su propia declaración. Debido a que está en trámite el amparo en revisión de Nava contra la vinculación a proceso, el juez Fuerte Tapia acordó el viernes suspender el procedimiento y no fijar fecha de juicio hasta en tanto no sea resuelto el recurso del imputado. El abogado del procesado dijo que tampoco habrá fecha de juicio hasta que sea resuelta la apelación que la propia PGR anunció que presentaría ante un tribunal unitario contra la decisión de invalidar los documentos bancarios. Nava era el apoderado legal de Consorcio Brades, una empresa "fachada" que compró en 223 millones 800 mil 963 pesos unos predios en Campeche, cuyo valor catastral era 18 mil veces menor al pagado. El vendedor en este caso fue Moisés Mansur, considerado el principal prestanombres del ex Gobernador de Veracruz. -- Reforma