Los derechos humanos en México fueron reconocidos hace una década, fue una de las principales reformas a nuestra Constitución, donde se dejó asentado que es la obligación del Estado garantizarlos, y además procurar que los servidores públicos cumplan con su responsabilidad frente a ese respeto irrestricto de la dignidad del ser humano. Todo parece muy técnico, e incluso alejado de garantizarlo. Cuando hablamos de derechos humanos, además nos referimos a todas las buenas prácticas que realicen las personas servidoras públicas, que sea su actuar cada vez que cumplen son sus funciones, respetando, fomentando, difundiendo y garantizando la dignidad de cada persona que requiere de los servicios y atenciones de las instituciones públicas. La función pública, a pesar de esta reforma legal, ha modificado muy poco su forma de interactuar con las personas ciudadanas, y sigue siendo necesario obligarles a que respeten de manera estricta los derechos humanos. Estamos a pocos días de que la administración actual concluya su gestión, ha sido una de las que más recomendaciones ha recibido de las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos; por primera vez el gobernador del Estado recibió una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que le obliga a que las personas trabajadoras al servicio del Gobierno del Estado se desempeñe con estricto respeto a los derechos humanos, y que el gobernador respete la condición de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. El tema no es sencillo, los cumplimientos parecen fáciles de alcanzar, pero en la parte práctica existe una gran diferencia entre cumplirlos cabalmente y sólo cumplirlos administrativamente. Los derechos humanos no son para cumplirse administrativamente, son para que las malas prácticas que ejecutan las personas servidoras públicas dejen de realizarlas, no podemos permitir el respeto solo en el papel, y simular que todo está bien. El gran problema de la administración que concluye, es que ha simulado que todo está bien, ha simulado que tiene un órgano de atención a víctimas, pero que en realidad las víctimas se quejan de la atención que se les brinda. Se menciona que ha cumplido administrativamente, con todos los puntos de la declaratoria de la alerta de violencia de género, y sigue siendo una de las entidades con mayor número de feminicidios y muertes violentas de mujeres, así como denuncias de violencia familiar. Nos ha lastimado mucho a todas las personas, pero particularmente a las mujeres, la simulación que se hizo durante estos seis años para garantizarle los derechos humanos a todas las mujeres en la entidad. Esta administración que se va, quedará etiquetada como en la que más feminicidios se cometieron. ¿Qué falló? ¿Qué fue lo que no se hizo, que detonó en un aumento de las muertes violentas de mujeres? Se hicieron diagnósticos, se hicieron talleres, se hicieron cursos para sensibilizar a los servidores públicos y dejar atrás las malas prácticas, se invirtieron cantidades millonarias por parte del Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional para la Prevención de Violencias contra las mujeres (CONAVIM) y aun así San Luis Potosí sigue sumido en una crisis de violencia hacia las mujeres. El reto del nuevo gobierno es corregir los errores en las actuaciones del gobierno que se va. Y esa corrección no debe ser simulada, debe estar en sincronía con las necesidades reales de las mujeres. Parece que cada seis años es volver a empezar, la renovación de una administración pública, no tiene que empezar siempre de cero. Las administraciones municipales, de los ayuntamientos que están con Alerta Violencia de Género, y que además vieron en aumentó sus estadísticas de violencia familiar y muertes violentas, deben trabajar en cumplir e ir más allá con las acciones encaminadas a erradicar la violencia de género.