El atraso en la implementación del Sistema Estatal y el Sistema Nacional Anticorrupción ha impedido a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) sancionar a los funcionarios públicos que incumplan con el artículo 84 Fracción XII de la Ley de Transparencia, que los obliga a hacer públicas sus declaraciones #3de3, toda vez que no se ha determinado un formato para presentar la declaración de conflicto de intereses ni se ha determinado qué información de la declaración #3de3 debe hacerse pública. El presidente de la CEGAIP, Alejandro Lafuente Torres, explicó que el artículo anteriormente mencionado habla de que los funcionarios deben publicar una versión pública de su declaración #3de3, lo que de entrada significaría que no estarían obligados a informar detalles como sus propiedades o los ingresos que obtienen por actividades privadas, únicamente estarían obligados a decir, en su declaración patrimonial, cuánto ganan por cargos públicos, dado que el resto se consideraría información reservada. De acuerdo a la ley, es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción el que debe determinar cuáles datos de la declaración #3de3 serán públicos y cuáles no y hasta el momento eso no ha sucedido, adicionalmente, la legislación también señala que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción debe emitir el formato para presentar la declaración de conflicto de intereses, lo cual tampoco ha ocurrido, debido a que dicho comité ni siquiera está firme, debido a una impugnación que se presentó. El comisionado presidente de la CEGAIP dijo que esto se debió a que la reforma a la Ley de Transparencia que obliga a funcionarios a presentar su #3de3 se emitió antes de que se estableciera formalmente el Sistema Anticorrupción, lo que abre la puerta a que funcionarios públicos ganen amparos para no tener que hacer públicas esta declaraciones, sin embargo, dijo que según la Ley de Transparencia, que acaba de cumplir dos años de aprobada, todos los entes obligados ya deberían haber publicado las declaraciones #3de3 de sus funcionarios, pese a que la CEGAIP no tiene herramientas para sancionar en caso de que no ocurra de esa forma. DIPUTADOS NO PUBLICAN SUS #3DE3 El Congreso del Estado es uno de los entes obligados que no ha cumplido con este artículo de la Ley de Transparencia, que marca que Diputados, Oficial Mayor, Tesorero y directores del Poder Legislativo deben hacer públicas sus declaraciones #3de3 en el portal de transparencia y aunque legisladores dicen ya haber presentado sus declaraciones a las autoridades administrativas de este Poder, señalan que la Junta de Coordinación Política, integrada por ellos mismos, aún no autoriza su publicación en el portal. La presidenta de la Comisión de Transparencia en el Congreso del Estado, María Lucero Jasso Rocha, dijo que ya todos los diputados titulares presentaron sus declaraciones y solo resta que lo hagan algunos diputados suplentes que recientemente llegaron al Poder Legislativo y que tienen 60 días para presentarlas; además de que ya se giraron oficios a la Junta de Coordinación Política, la Coordinación de Finanzas y a la Mesa Directiva para que se autorice la publicación de las declaraciones. En lo personal, la diputada dijo que tras tres meses de que tomó protesta, ya presentó su declaración #3de3 y solo está a la espera de su publicación, además dijo que está elaborando una iniciativa con apoyo de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), para establecer sanciones para quienes no cumplan con esta obligación. SOLO 7 LA PUBLICARON EN EL IMCO Si se revisa el portal del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), que es la instancia que ha promovido la publicación de las declaraciones #3de3 de funcionarios a nivel nacional, se encuentra que solo 7 de los 27 diputados locales han hecho pública su declaración #3de3 a través de esta plataforma, sin embargo, solo una de ellas la tiene actualizada al 2018. El diputado Enrique Flores, quien hoy ya no está en el Congreso, es uno de los que la presentaron, sin embargo, la que aparece en el portal del Imco data del 15 de febrero de 2016; la diputada Martha Orta de igual forma tiene una que presentó el 19 de febrero de 2016. Otros diputados y diputadas que la han presentado son: Esther Angélica Martínez Cárdenas (30 de agosto de 2017), Josefina Salazar Báez (4 de abril de 2018), Gerardo Serrano Gaviño (24 de abril de 2017), José Guadalupe Torres Sánchez (30 de mayo de 2016) y Héctor Mendizábal Pérez (18 de abril de 2016). De los legisladores anteriormente mencionados, solo 5 se mantienen en el Congreso, es decir que faltan 21 diputados por presentarla, si se toma en cuenta que hay una curul vacante. Mientras tanto, en el portal de transparencia del Congreso, hay un apartado para publicar las declaraciones patrimoniales de manera voluntaria, sin embargo, todos los diputados se negaron a dar su autorización para que así fuera, salvo Xitlálic Sánchez Servín, quien sí dio su autorización y aún así no se encuentra su declaración. El diputado Jesús Cardona Mireles, por su parte dijo que también ya presentó su declaración #3de3 ante la Contraloría del Congreso del Estado, sin embargo, dijo desconocer por qué no se ha publicado; además señaló que apenas este año se hizo obligatorio el que se hagan públicos estos documentos, razón por la cual en años pasados muchos diputados se negaron a hacerlas públicos, argumentando que era por razones de seguridad. La diputada Lucila Nava Piña, por su parte señaló que presentó su declaración #3de3 el pasado 30 de junio ante autoridades del Congreso del Estado, fecha en que venció el plazo que les dieron para presentarla, sin embargo dijo saber que “estaba fallando el sistema” de la página y por ello no las han subido. Al ser cuestionada respecto de por qué no la ha hecho pública a través de la plataforma del Imco, la diputada reconoció que nunca lo ha hecho, sin embargo, dijo no tener ningún inconveniente en presentarlas este año ante dicho instituto. El artículo 84 de la Ley de Transparencia marca que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizadas en sus medios electrónicos, “la información en versión pública de las declaraciones, de situación patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos”. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado recientemente dio a conocer que el 100 por ciento de sus funcionarios cumplieron con esta obligación y en total se presentaron 3 mil 453 declaraciones.