Decir que “la causa de la causa es causa de lo causado” no es refrán ni ocurrencia, sino lógica pura y sería conveniente tener en cuenta este principio para moderar nuestros exabruptos y especulaciones [me incluyo porque no se me quita] iniciales en el caso de Culiacán y por las coincidencias que tienen, con el caso del asesinato de nueve integrantes de la familia Le Barón también en el norte de nuestra República.

Se trata de un principio de Derecho fácilmente identificable para los abogados o incluso estudiantes de derecho que remite a los motivos, entorno y circunstancias primigenios que originan determinado hecho. Esto es, que no se concreta a los efectos ni a la explicación simple o superficial de un suceso, sino que busca la motivación original primera y determinante. Este principio debe [o debería] observarse siempre que se evalúe y se hagan consideraciones para dictaminar, juzgar, argumentar o incluso persuadir a un juzgador, sobre todo cuando la comodidad de una explicación simple o basada en percepciones impulsivas o sólo apabulladas por una apariencia difícil de contradecir, buscan evadir el origen del efecto lesivo producido por una causa oculta.  En el caso de Culiacán y la liberación casi inmediata del joven Ovidio Guzmán,que no parece ser quién para dictar órdenes en aquel entorno criminal con el que se vincula por su padre “El Chapo Guzmán”, han surgido más datos, después del desconcierto y de la molestia de ciertos sectores de la población en el país; después de que mucho nos pusimos a juzgar sobre el efecto lesivo confundiéndolo con la causa. Esto es, elucubrando sobre la imagen de impotencia gubernamental derivada de una causa que no fue la primera y que en este caso ubicamos como la decisión de liberar al presunto delincuente aunque luego haya quedado clara la amenaza inminente contra la población de la capital de Sinaloa. Así, las únicas causales más remotas que encontramos en aquel momento hace apenas unos días fueron la mayor fortaleza del cártel del Chapo frente a las fuerzas armadas, la decisión equivocada que algunos llegaron a calificar de timorata o ingenia de parte de AMLO o bien los graves errores de estrategia cometidos por mandos muy novatos o hasta improvisados. Cualquiera que haya sido nuestra opción en este mismo sentido omitió por completo considerar que la colocación previa de retenes y operativos por parte de la delincuencia organizada no pudieron hacerse por una simple filtración sino perfectamente documentados por elementos traidores que tuvieron que actuar a su vez no por razones ideológicas sino estimulados por gente que tiene hoy por hoy muchos tipos de poder menos el poder político. Atrás de esas traiciones ya documentadas no podemos descartar como causas principales los intereses económicos que se están atacando en diferentes espacios, materias y asuntos del país. Y la estrategia de los enemigos de un régimen que amenaza dejarlos fuera del negocio tiene una clara tendencia a debilitar la credibilidad, la confianza y la percepción positiva de la ciudadanía, preparando el terreno para un ataque más definitivo que los lleve a la recuperación de los espacios políticos que antes les garantizaban impunidad y enormes cuanto ilegitimas ganancias.  El caso de los asesinatos de la familia Le Barón han merecido en la mayoría de nuestros mal acostumbrados medios de comunicación la determinación pontificante y categórica que casi no admite réplica de que tiene como causa la inseguridad que vive el país y la postración del gobierno frente a los narcotraficantes que estarían buscado nuevos ingresos al haberse derrumbado el mercado de la mariguana por la legalización en el cultivo que existe ya en varios Estados de la Unión Americana. Sin embargo no logro imaginar a uno a varios comandos perfectamente armados asesinando mujeres y niños sin haberles sustraído un centavo ni mediar amenazas ni requerimientos previos de algún beneficio no concedido por los Le Barón a “La línea” o a quien haya sido. Lo que sí podemos imaginar con esa barbarie es, en coincidencia con Culiacán, la necesidad de un mensaje que evidencia la incapacidad del gobierno mexicano frente a estos embates de la delincuencia. Tampoco me siento capaz de llegar a creer la tesis de que los hayan confundido emitida por el Secretario de Seguridad tal vez más con la intención de tranquilizar a la población ante lo inexplicable. Lo que sí puedo imaginar es, como en el caso Culiacán, la existencia de intereses muy remotos a los de la propia delincuencia organizada y cercanos, eso sí a poderes facticos que además dejan ver en sus intenciones una segunda apuesta: la intervención extranjera que neutralice al poder político legítimo que tantos obstáculos les coloca para el enriquecimiento desmesurado y voraz. Recuerde que en estos tiempos la realidad suele superar a la ficción.