En la vida diaria las mujeres siguen padeciendo actos de discriminación que se traduce en violencia psicológica, física, emocional, patrimonial, sexual, económica, y llegando a la violencia extrema que es el feminicidio.  Las acciones que se llevan a cabo en San Luis Potosí aún no tienen el impacto que desearíamos: que ninguna mujer viva violencia y si esto se diera tenga una atención integral, rápida y efectiva para acceder a la justicia y a la reparación del daño.

San Luis Potosí se sigue colocando en los primeros lugares a nivel nacional por el número de violencias familiares que se denuncian, de acuerdo con datos de la incidencia delictiva del fuero común que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se presentaron ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, un total de 6 mil 749 denuncias violencia familiar, hostigamiento, acoso sexual, violaciones, abuso sexual, feminicidio.

Es decir cada día casi 20 mujeres denuncian los hechos de violencia que padecen, y habrá que pensar en la gran cifra negra de mujeres que carecen de la información necesaria para identificar que lo que viven son actos de violencia.  Las estrategias que realizan las autoridades distan mucho de ser eficaces, porque de esas denuncias cuántas alcanzan la justicia y por supuesto la reparación del daño, la violencia familiar es uno de los delitos que forman parte de la antesala del feminicidio.

En junio de 2017 se decretó la Alerta de Violencia de Género para el Estado de San Luis Potosí a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humamos que emitió un informe especial, se sumó a la petición el Gobierno del  doctor Juan Manuel Carreras, y muchas personas vimos en ello una buena disposición a encaminar acciones a erradicar la violencia contra las mujeres.

Las instituciones del gobierno estatal trabajaron en la planeación de las acciones en el periodo de junio de 2017 a agosto de 2018 para darle seguimiento a las acciones que pedía la Secretaría de Gobernación en torno a tres grandes ejes, Seguridad, Prevención y Justicia y Reparación.

El documento emitido por Gobernación tenía con precisión qué era lo mínimo indispensable que debía realizar el gobierno y sus autoridades involucradas como son la Secretaría General de Gobierno, a través del Instituto de las mujeres de San Luis Potosí y el Centro de Justicia para Mujeres, y en quién se delegó la responsabilidad del seguimiento a las estrategias fue a la Subsecretaría de Asuntos  Jurídicos y Derechos Humanos; además se involucró a la Secretaria de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Secretaria de Educación, además de instituciones académicas como fue el Colegio de San Luis y los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Tamazunchale, Soledad de Graciano Sánchez y Tamuín.

Las acciones si bien están señaladas en la Declaratoria de la AVG emitido por SEGOB, y aparentemente planificadas según consta en el sitio WEB  alertadegneroslp.org.mx , que se quedó con información hasta el mes de agosto de 2018, no hay resultados, por el contrario se detallan acciones que no se concretan o acciones adicionales, por ejemplo en materia  el rubro de Seguridad, en su numeral I.3 la estrategia era crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprendía la AVG, y que no quedó perfectamente delimitado si podían ser las Unidades de la Mujeres Municipal que se consolidaron con fondos federales del “Programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas” (PAIMEF), lo que si es que se sacó ventaja para fortalecer los Centro de Justicia para Mujeres instalados en San Luis Potosí, Rioverde y Matlapa y se anunció las gestiones presupuestales, logísticas y políticas para construir un CJM en Matehuala.

Los Centros de Justicia para las Mujeres como política pública deben apoyar en atender a las mujeres que han vivido violencia y la denuncian, pero sobre todo ir por todo para alcanzar la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas de feminicidio, para lo cual quedó establecido  y planeado en las siguientes numerales Medida Justicia y Reparación III.5, Se deberá realizar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios y en la Medida Justicia y Reparación III.6 Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de San Luis Potosí.

Es importante que como sociedad observemos con precisión cada uno de los puntos que nos marca la Declaratoria de la AVG, que no se quede sólo en la planeación porque es urgente que las medidas de prevención, de Seguridad y de Justicia se cumplan.