El titular de la Contraloría General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, no descartó que se presenten amparos, ante la nueva disposición federal de reducción de salarios anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que exista austeridad en el gobierno.  Insistió en que podría haber amparos, y sería la determinación de cada individuo, principalmente hablando de burócratas y sindicalizados. “Hay una Ley, que es de carácter federal, con implicaciones a nivel nacional, habrá gente que se ampare, aquí serían los burócratas y los sindicatos quienes tendrían que contestar ante una posible reducción”. Dijo que el Gobierno del Estado ha mantenido una condición de austeridad en la actual administración, lo que ha permitido solventar compromisos financieros. Explicó que, en estricto sentido, el salario del Gobernador del Estado será decisión de los diputados locales, pues “ellos autorizan el presupuesto de egresos”. En otro tema, destacó que la dependencia a su cargo finalmente logró que un tribunal resolviera a su favor, para aplicar sanciones económicas y administrativas, en contra de ex funcionarios del Sistema Estatal DIF, por cometer diferentes irregularidades en la administración estatal pasada. Reveló que, a pesar de que dos exfuncionarios habían tramitado juicios de amparo para impedir las sanciones, un tribunal resolvió a su favor, por lo que, además de una multa, los exfuncionarios serían inhabilitados para desempeñarse 10 años dentro de la función pública.