Se pueden fincar responsabilidades en contra de autoridades anteriores que firmaron y ejecutaron el contrato con la empresa operadora del acueducto El Realito, en caso de demostrarse que la firma de dicho documento se realizó de manera ilegal o porque no se cuentan con garantías o mecanismos para hacer valer el acuerdo, explicó el especialista jurídico, José Mario de la Garza. Indicó que este asunto le podría competer a la Contraloría Interna de Gobierno del Estado y al Ministerio Público a fin de a fin de que puedan iniciar investigaciones de carácter tanto administrativo como de tipo penal. “No quiero decir que por el simple hecho de haber firmado el contrato hay una responsabilidad; sí puede haber una responsabilidad sí se demuestra que las personas que lo firmaron o lo estructuraron de manera ilegal. Se tendría que analizarse o hacerse una investigación por estas instancias, se tendría que verificar cuáles son los funcionarios que han intervenido, no solo en la firma, en la ejecución del contrato, en los pagos que se han hechos, la manera en que se ha operado el contrato durante todos estos años, ver quiénes son los responsables y de ahí, determinar si pudiera haber una actuación de forma ilegal y que sanciones se tendrían que imponer”. De igual manera, de la Garza Marroquín, consideró que el problema en el sistema se debe a la presión con que llega el agua en un tramo específico y, que la tubería y la forma en que se instaló en ese tramo, genera otra presión que ocasiona que la tubería se reviente con demasiada frecuencia. En este sentido, apuntó que es necesario revisar con expertos, los materiales que se emplearon en la tubería y la estructura que se diseñó en su construcción. “Hay miles de acueductos que operan sin estos estos problemas y parece que estamos hablando de un tema de responsabilidad, también en cuanto a la construcción del acueducto que es recurrente que se revienta en el mismo punto”, agregó. Precisó que de ser responsables, exfuncionarios pueden ser acreedores a sanciones de tipo económicas, inhabilitaciones e incluso, enfrentar procesos penales. En caso de que se busque rescindir el contrato con la empresa operadora del acueducto, el abogado señaló que la autoridad correspondiente debe documentar los incumplimientos a las obligaciones que se derivan de los contratos que celebraron con las empresas que construyeron u operan el acueducto. Sin embargo, estimó que el proceso sería complejo y lento pues el asunto podría terminar en tribunales, ya que, explicó: “en la práctica, este tipo de notificaciones donde rescindes un contrato, la otra parte no las acepta en el sentido de estar de acuerdo con ello y esto obligaría a que se tuviera que iniciar un procedimiento judicial en donde se demandara esta rescisión, se demostrara que hubo un incumplimiento y se establecieran cuales son los daños y perjuicios”. Asimismo, el especialista jurídico comentó que, mientras no exista una sentencia de un tribunal, jurídicamente el contrato sigue surtiendo sus efectos, por lo que consideró que, ante las constantes fallas del acueducto, el retardar este tipo de determinaciones, acaba por afectar a la ciudadanía. “Es un asunto que entre más se tarde en tomar una determinación, la situación sigue

prevaleciendo en cuanto a la licencia del contrato, lo que tienes que pagar”, agregó.