La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres en 2006 en Atenco, Estado de México. El máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encontró que las mujeres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia. "El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas", sentenció la Corte. "El uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso, resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos". El operativo, en el que participaron policías estatales y federales, se realizó el 3 y 4 de mayo de 2006, cuando la entidad era gobernada por Enrique Peña Nieto.

Ordenan reparación

En la sentencia, la Corte ordenó al Estado mexicano iniciar investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual contra las 11 víctimas.  Así como realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas. "Y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la Policía del Estado de México", sentenció. También dar becas para educación superior para Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, entre otros puntos.

Critican actitud de Peña

En la sentencia, que fue adoptada el 28 de noviembre pero notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace diferentes referencias al papel de diversas autoridades, como el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. "Esa noche hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, incluyendo al Gobernador del Estado de México, en la que se decidió utilizar la fuerza pública (...) El Gobernador, el Secretario de Seguridad Pública y el Coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública se retiraron 'una vez que se acordó el uso de la fuerza pública'", indicó. "La estrategia específica del operativo policial se definió en una segunda reunión, en ausencia del Gobernador y del Secretario de Seguridad Pública, que terminó en la madrugada del 4 de mayo de 2006, en la que participaron las restantes autoridades federales, estatales y miembros del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva". Las 11 mujeres que la Corte reconoce como víctimas son Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández y Mariana Selvas Gómez. Así como Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez. "(La Corte) observa que después de la violencia sufrida a manos de los elementos policiales, las víctimas fueron sometidas a la puesta en duda de su credibilidad y su estigmatización pública como guerrilleras por el Gobernador, el Secretario General de Gobierno del Estado de México y el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal", acusó. "Al respecto, este Tribunal advierte que resulta absolutamente inaceptable que la primera reacción pública de las más altas autoridades pertinentes haya sido poner en duda la credibilidad de las denunciantes de violencia sexual, acusarlas y estigmatizarlas de guerrilleras, así como negar lo sucedido cuando aún no se había siquiera iniciado una investigación". - Reforma