BUENOS AIRES.- El mayor juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) en Argentina concluyó después de cinco años. Finalizó con la condena a prisión perpetua del ex capitán de navío, Alfredo Astiz, un símbolo de la represión, y de la mayoría de los 54 acusados por su accionar en el principal centro clandestino de detención y torturas del régimen. Astiz, apodado el “Ángel de la muerte”, fue sentenciado por los delitos de secuestro, torturas, privación ilegítima de la libertad, homicidio y sustracción y ocultación de identidad de menores de edad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), situada al norte de la capital argentina y que albergó a más de 5 mil detenidos entre el golpe de Estado de 1976 y 1979. La mayoría de los disidentes alojados en la ESMA figuran entre los 30 mil desaparecidos del régimen de facto de 1976 a 1983, según organismos de derechos humanos; la cifra oficial calcula unos 8 mil en total. La misma pena recibió el ex jefe de inteligencia naval Jorge Eduardo Acosta, apodado “Tigre”, otro emblemático represor. Al igual que Astiz, ya cumple la misma condena por un juicio anterior. Sobrevivientes, familiares de víctimas y militantes de organismos de derechos humanos celebraron el fallo contra Astiz mientras seguían la lectura del veredicto por una pantalla gigante ubicada afuera del edificio de tribunales. "Estamos viviendo un momento histórico”, dijo Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo.

Vamos a seguir más juntos que nunca exigiendo justicia y lo estamos logrando. No estaremos cuando llegue la última condena, pero la posta la tomarán estos jóvenes”, indicó señalando a los militantes que custodiaban a las veteranas dirigentes humanitarias. Los jueces dictaron penas de entre ocho años de prisión a cadena perpetua a la mayoría de los acusados; el tribunal, por otra parte, absolvió a seis de los acusados. La investigación judicial sobre lo ocurrido en este centro de torturas, que tomó impulso a partir de la derogación de las leyes de amnistía y de los indultos que protegían a los miembros de las Fuerzas Armadas hace más de una década, se tuvo que dividir debido a la cantidad de implicados y víctimas y la complejidad de los delitos. La sentencia dictada corresponde al tercer juicio por lo ocurrido en la ESMA, que comenzó con 68 imputados en 2012, que se redujeron a 54 por muerte o razones de salud, y 789 víctimas, un hito en la historia judicial de Argentina. El máximo responsable de la ESMA, el ex jefe de la Armada, Emilio Massera, falleció en 2010. Por primera vez, ocho imputados fueron juzgados por su responsabilidad material en los denominados “vuelos de la muerte”, una metodología represiva única entre las dictaduras de Latinoamérica por la cual la mayoría de los detenidos en la ESMA eran sedados, luego subidos a aviones de la Marina y arrojados al Río de La Plata o al océano Atlántico para no dejar rastro de sus cuerpos. Por este delito fue absuelto Julio Poch, un piloto argentino con nacionalidad holandesa que fue detenido en España en 2009 y luego extraditado a Argentina. Jorge Magnacco, responsable de la maternidad, recibió 14 años de prisión. Según los querellantes, el juicio también arrojó nueva evidencia sobre el funcionamiento de la ESMA como sala de partos clandestina, donde muchas detenidas dieron a luz y fueron separadas de sus niños. Los pequeños fueron entregados luego en adopción ilegal y bajo otra identidad a familias de militares u allegados. Más de una veintena de hijos de mujeres desaparecidas nacidos en la ESMA fueron recuperados por sus familias de origen gracias a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo. -- EXCÉLSIOR