Este jueves se presentará en el pleno del Congreso del Estado una iniciativa para expedir la Ley de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, que busca legalizar mecanismos como la consulta popular, el proyecto social, la propuesta vecinal y el presupuesto participativo, este último permitirá a los ciudadanos decidir en qué obras y programas se invertirá el 4 por ciento del presupuesto del Estado y Municipios. La propuesta, publicada en la gaceta parlamentaria de la sesión de este jueves, es presentada por el diputado panista José Antonio Zapata Meraz y plantea que antes del 10 de enero de cada año se deberá presentar la propuesta de Presupuesto Participativo para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) emita una convocatoria para que sean los ciudadanos los que voten en qué obras y acciones se deberá gastar el 4 por ciento del presupuesto del Estado y sus respectivos Municipios destinado a inversión pública. En el proceso de votación se le presentará al ciudadano un listado de obras y acciones ya definidas, sin embargo, la iniciativa del legislador panista no señala quién será el encargado de definir ese listado; lo que sí especifica es que la implementación de la consulta no podrá ser menor a 45 días naturales ni podrá exceder el mes de marzo. El consejero del Ceepac, Martín Faz Mora, quien en la pasada legislatura emitió una propuesta muy similar, misma que fue rechazada, consideró que el 4 por ciento del presupuesto es un margen muy bajo, que bien se podría ampliar al 6 por ciento, ya que hay entidades que consideran un porcentaje mayor.

Si se toma en cuenta el presupuesto a inversión pública del Estado de este año, que es por 2 mil 083 millones 425 mil 625 pesos, el 4 por ciento equivaldría a 83 millones 337 mil pesos. En el presupuesto 2019 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ese mismo porcentaje equivaldría apenas a 506 mil 600 pesos de un total de 12 millones 665 mil pesos destinados a inversión pública. CONSULTA POPULAR

La iniciativa presentada en Congreso también contempla legalizar el mecanismo de consulta popular, que permitirá a los ciudadanos opinar en torno a temas de carácter público. La solicitud de consulta popular deberá ser promovida por al menos las dos terceras partes de los diputados o integrantes del Cabildo, dependiendo de si es un asunto de competencia estatal o municipal, o por el 1 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado o del municipio del que se trate. La propuesta también señala que la autoridad tendrá la obligación de acatar los resultados de la consulta popular únicamente cuando se cumpla con el 33 por ciento de participación de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral y más de la mitad de esos ciudadanos haya emitido su voto en el mismo sentido. Sin embargo, Martín Faz Mora dijo que en entidades, como la Ciudad de México, en donde ya se han aprobado estos mecanismos, se ha visto que hay muy poca participación ciudadana, por lo que se corre el riesgo de invertir recursos públicos en consultas cuyos resultados no obligarán a la autoridad a ejecutar una acción o cambiar una decisión, dado que no se logró el porcentaje de participación marcado en la ley. PROPUESTA VECINAL Y PROYECTO SOCIAL

Otro mecanismo que contempla esta iniciativa de ley es el de “Propuesta vecinal”, a través del cual las juntas vecinales de mejoras podrán proponer acciones al Municipio para mejorar las condiciones de su comunidad, sin embargo, la iniciativa señala que el Cabildo será la instancia encargada de determinar si dichas propuestas son procedentes, es decir que la autoridad municipal podría negarse a realizarlas, argumentando que son improcedentes. El último nuevo mecanismo que contempla esta iniciativa es el de “Proyecto social”, que plantea la posibilidad de que ciudadanos o la Iniciativa Privada sumen esfuerzos con el Ayuntamiento para efectuar obras conjuntas destinadas a resolver problemas sociales, sin embargo, estos proyectos también deberán ser autorizados por el Cabildo. El vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, dijo que la iniciativa del diputado José Antonio Zapata Meraz es “reciclada”, dado que ya se había presentado en la anterior legislatura y terminó desechándose, por lo que consideró que se trata de “iniciativas ociosas”, mientras los diputados no demuestren voluntad de sacar adelante este tipo de propuestas. SANCIONES “LIGHT” PARA FUNCIONARIOS

La iniciativa señala que será considerada como una “falta no grave” cuando los servidores públicos responsables de efectuar los procedimientos no ejecuten lo que dicta esta ley y cuando exista insuficiencia presupuestal para ejecutar la acción no existirá obligatoriedad. También señala que los partidos políticos no podrán intervenir ni hacer uso de ninguno de estos mecanismos de participación ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana que se propondrá este jueves en el pleno del Congreso del Estado también contempla los mecanismos de plebiscito y referéndum, que actualmente ya están vigentes en el estado, a través de la Ley de Referéndum y Plebiscito, misma que sería derogada una vez que se lograra aprobar esta nueva legislación.