Por fin, después de 21 días de la primera denuncia, integrantes del Ejido Unión de Corrientes en Tuxpan, Nayarit lograron frenar las obras de desmonte de manglar en un predio de 30 hectáreas dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales. El jueves alrededor de 20 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y Ministerio Público Federal acompañaron a inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a colocar sellos de clausura con la leyenda NAY-050, en el terreno donde se pretende construir ilegalmente una granja acuícola. En fotografías aéreas en poder de Excélsior se puede observar la devastación que dejó a su paso la maquinaria pesada, que arrasó con vegetación forestal secundaria y bosque de mangle blanco, que después fue quemado para borrar evidencia. Ahora el predio, luce vacío, aplanado, compactado y sin rastro de vida en un área natural que por lo menos en el papel es protegida.

“Extrañamente no se lograron hacer detenciones durante el operativo, aun cuando poco antes de que llegaran las autoridades a la zona conocida como Ticha, las máquinas estaban trabajando en el predio”, expresaron ejidatarios En entrevista con este diario, exigieron a la Profepa que ordene la restitución del terreno a su estado original, y no se deje presionar para “hacer legal” una obra que violó todos los ordenamientos en una reserva ecológica, ya que no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni tiene permiso para cambio de uso de suelo. Además, pidieron que se realice una auditoría de tres o cuatro años atrás y se revisen las granjas acuícolas que operan en la zona con total impunidad. Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica advirtió que no hay forma de regularizar una obra de estas características, ya que de acuerdo al Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre está prohibida la remoción, relleno, transplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte de manera directa o indirecta al mangle. Agregó que otro agravante es que el desmonte se realizó en una Reserva de la Biosfera, por lo que el Gobierno de México tiene que ir con todo para hacer prevalecer el estado de Derecho.

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Excélsior