Organizaciones civiles defensoras del medio ambiente celebraron el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que se frenará la apertura de la mina de oro "Los Cardones" en el Área Natural Protegida en la Sierra de La Laguna, en Los Cabos, Baja California Sur. Señalaron que la mina, que pretende asentarse en la zona de mitigación de la selva, es una amenaza grave a la salud de la población, debido a su cercanía con el cuerpo hídrico que provee de agua potable a los municipios de La Paz y Los Cabos. "Este anuncio no solamente es para la sociedad sudcaliforniania, sino para todas las compañías mineras que pretendan establecerse acá", comentó en entrevista Alejandra Clavero, del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS. Un grupo de activistas acudió al acto público encabezado por el Presidente López Obrador en esta ciudad; pero no esperaban el anuncio del Mandatario, pues meses atrás había declarado que se realizaría una consulta para decidir el futuro del proyecto, que lleva más de 10 años en su intento de apertura. "No se puede consultar el derecho al agua y a la vida. De inicio, Los Cardones en la Sierra de la Laguna, los permisos que ha conseguido son ilegales; la ley prohíbe este tipo de actividad en la Reserva, entonces, si se realizaba una consulta para esta mina en específico, iba a ser ilegal", advirtió. Los activistas aseguraron que la concesión de la mina es de las empresas Invecture y Banca Quadrum, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Aseguraron que el agua podría ser contaminada con toneladas de arsénico y metales pesados como plomo, cadmio y cromo, lo que afectaría la ganadería, pesca, agricultura y turismo. "De lo que se trata aquí es de cuidar el recurso hídrico, que es lo más importante y lo más escaso que tenemos en sudcalifornia; por eso estamos luchando desde hace 10 años para que la fuente de nuestra agua, que es la Sierra de la Laguna, no se contamine", afirmó Clavero. "Imagínate que vas a contaminar el tinaco de agua de tu casa; en este caso, es la cuenca hidrológica que nutre a La Paz y Los Cabos", dijo Verónica Velasco, del mismo colectivo. Los activistas afirmaron que, aunque la Semarnat había otorgado un permiso a la mina, aún no ha logrado obtener la autorización de cambio de uso de suelo de forestal a industrial. "Imagínate: cómo tienes una zona protegida ya declarada y pretendes instalar una mina, ¿en qué cabeza cabe que la Semarnat vaya a autorizar semejante cosa, si es la encargada de cuidar los recursos naturales?", criticó Velasco. "Esta mina ya había tenido hace algunos años una aprobación de su manifestación de impacto ambiental, contraviniendo todo lo establecido en la ley, era un acto de corrupción, un atropello a todas las disposiciones ambientales que las frenaban", agregó Armando Sánchez, presidente de la Sociedad Organizada por Sudcalifornia. El activista aclaró que las organizaciones no se oponen a la minería en general, sino a la minería mineral de cielo abierto por sus daños al ambiente. REFORMA