El gobierno de Puebla dio en el clavo. Lo que hace falta en materia de transporte público y privado es regulación. La falta de regulación provocó en ese estado que la estudiante Mariana Fuentes fuera asaltada por cuatro sujetos, uno de ellos era chofer de Uber, mientras que Mara Castillo fue encontrada muerta, luego de abordar una unidad de la plataforma Cabify. San Luis no es ajeno a esta problemática, según lo dio a conocer GlobalMedia en la investigación especial que presentó este lunes. En San Luis operan choferes de taxis que no trabajan para trasladar personas de un lugar a otro, sino para robarlas y operan choferes de Uber, que acosan a las usuarias, por decir lo menos. ¿Qué tan lejos estamos de que en San Luis ocurran delitos como los que han marcado a Puebla? Parece que no mucho y más con una autoridad timorata, que ha dejado de lado su responsabilidad de regular y garantizar seguridad a los usuarios. Una autoridad omisa, es la mejor receta, para que delitos como los ocurridos en Puebla se repliquen en nuestra entidad. Por eso, ojalá se sigan los pasos de esta entidad, que este martes, a través de su gobernador, dio a conocer la presentación de una iniciativa al Congreso, para garantizar que todas las empresas que brindan servicio de transporte ejecutivo se apeguen a protocolos específicos.  "Es fundamental que estas compañías mantengan la integridad de las mujeres, niños, personas con discapacidad y de la tercera edad", afirmó el gobernador Antonio Gali. Lo que San Luis no debe imitar son los pasos atrás, porque este mismo martes, por la mañana, el mandatario había anunciado la suspensión temporal de la plataforma Uber, pero horas más tarde, dijo que podría seguir operando. Aunque matizó la decisión diciendo que “en caso de que Uber o alguna otra compañía se vean involucradas en actos ilícitos, serán acreedoras a la cancelación de sus registros”. ¿Qué llevó al Ejecutivo estatal a cambiar de opinión? No lo sabemos… Lo que sí sabemos es que el gobierno no puede ir por la vida retractándose de lo que dice, porque eso solo demuestra falta de autoridad, cuando eso es justo lo que se necesita. Las empresas tienen derecho a operar, así lo exige la economía de libre mercado en que vivimos, pero su actuación debe someterse a estrictos estándares de seguridad, que garanticen la integridad de quienes abordan estas unidades. Y aquí es donde la autoridad ha fallado y está reaccionando hasta que tiene el “agua hasta el cuello”. ¿En San Luis pasará lo mismo?