“Hicieron una reforma al vapor, no estaban preparados para el cambio y la hicieron entrar en vigor sin adecuaciones presupuestales ni administrativas…”. Así se expresó el gobernador de Guanajuato respecto los cambios perpetrados por la 4T en materia de salud pública. Y es como todo lo realizado por el actual gobierno federal que se hace por mandato del “pastor de palacio”, sin mediar laguna planeación, sin un programa a seguir, sin procesos que respetar y por tanto sin un esquema de financiamiento. De tal forma que la desaparición del Seguro Popular y la instauración del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) ha logrado que quienes menos tienen, aquellos que van primero (los pobres), se queden sin atención médica, sin medicina, vamos sin servicio de salud. Las modificaciones fueron aprobadas por el legislativo y en ellas mencionan que las secretarías de Hacienda y Función Pública deberán emitir los lineamientos de carácter general para transferir recursos humanos, materiales y financieros al Insabi, pero primero se dio la fecha para la instauración de éste y luego el cómo y con qué funcionaría. Todo porque el pastor ya lo había anunciado desde su púlpito matutino.

Así desparecen el seguro popular, al cual le faltaba mucho para dar una atención debida los más de 50 millones de mexicanos que requieren el servicio, pero funcionaba para un gran número de personas. Al entrar el Insabi, los pacientes, los enfermos que se trataban bajo el esquema del seguro popular se quedaron sin servicio médico, de hospitalización, sin rehabilitación y sin medicamentos. Desde el púlpito palaciego, el pastor desplegó en su discurso que los mexicanos tendríamos un servicio de salud como el que se presta en los países nórdicos o el de Canadá y además que será gratuito, que no se debe cobrar, pero en la práctica ha sucedido todo lo contrario, pues el poco servicio que se presta se cobra. Es tal el desorden que impera en la administración pública federal que basta analizar lo que dijo quien está al frente del Insabi, Juan Antonio Ferrer: hay un déficit de 103 mil médicos, 70 mil especialistas, 250 mil enfermeros-enfermeras y, según él, 300 clínicas y hospitales abandonados. Entonces surge la pregunta de cómo se atreven a echar a andar un programa sin por lo menos buscar una solución a esto y borrar otro, que si bien no cumplía al cien, sí estaba prestando un servicio. A esto debe sumarse la escasez de medicamentos, sobretodo para la atención de niños. Y es que el pastor que habita en un palacio es “un presidente que no escucha, que no dialoga”, como lo han mencionado diversos diputados y gobernadores y en lo que ha insistido el coordinador de la fracción panista de los diputados, Juan Carlos Romero Hicks, que dialogue con ellos y hasta lo invitó a recorrer los hospitales, a visitarlos para que realmente viva lo que los mexicanos que acuden a los nosocomios viven día a día. Otro dato se suma a esta diatriba de mentiras y falsedades que a diario salen del púlpito palaciego. Si los servicios de salud serán gratuitos en cualquiera de sus niveles de atención, entonces ¿por qué disminuyó el presupuesto si en 2019 era de 128 mil 700 millones de pesos hoy es de 128 600? Ante esta actitud e incapacidad del gobierno federal los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Baja California y Jalisco han optado por seguir operando sus sistemas de salud bajo el esquema del Seguro Popular. Ahora esperan que se les entregue el recurso que se les daba en años anteriores, pretenden que el “pastor” recuerde que dijo que no es obligatorio firmar el convenio para unirse al Insabi. Ojalá se les transfiera el dinero para la atención y medicamentos gratuitos a esas entidades cuyos servicios de salud han sido mejores que los que otorga el IMSS o el ISSSTE, lamentablemente instancias que bajo la 4T cada día sirven de peor manera a sus derechohabientes y no por gusto de los que en ellos trabajan, sino por la escasez en que los ha puesto quien cree gobernar desde un discurso mañanero.