Dos jueces federales de Irapuato y Nuevo Laredo que encabezaron la búsqueda de jóvenes desaparecidos este año en Tamaulipas quedaron fuera del caso. Karla Macías, Jueza Novena de Distrito en Irapuato que impuso al menos quince multas a los titulares de la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República (PGR) por su lentitud para acatar sus requerimientos, cerró la semana pasada su participación en los amparos promovidos por familiares de los desaparecidos. Un tribunal colegiado de Guanajuato resolvió, en definitiva, que todos los amparos deben ser tramitados por juzgados de Nuevo Laredo, donde ocurrieron los hechos, que es lo que Macías sostuvo desde que empezó a recibir las demandas. Como los quejosos alegan desaparición forzosa, la jueza tuvo que conceder suspensiones en las que ordenó su búsqueda, y su participación en los amparos se prolongó porque se generó un conflicto competencial con juzgados de Nuevo Laredo, el cual fue resuelto por el tribunal colegiado. En tanto, en el Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, fue reemplazado el 1 de septiembre Oscar Zúñiga Vidales, que también llevaba más de cuatro meses gestionando la búsqueda de los jóvenes. El Consejo de la Judicatura Federal mandó a Zúñiga a Los Mochis y puso en su lugar a Samuel Cruz Torres, quien debuta como juez. Por tanto, los al menos 20 amparos promovidos por familiares de los desaparecidos a partir de marzo ya están concentrados en los juzgados Tercero y Cuarto en Nuevo Laredo, este último a cargo de Juan Olguín Rodríguez. Los jueces siguen enviando exhortos a sus colegas de todo el País para hacer búsquedas en hospitales, cuarteles y zona militares y navales, morgues, agencias del Ministerio Público local y federal, entre otros sitios.

Decesos Los juzgados han confirmado cinco muertes. Juan Carlos Rendón y Humberto Coatzozon, reportados como desaparecidos, fueron hallados ejecutados en el Municipio de Anáhuac, Nuevo León. Margarita Torres Reyes fue encontrada asesinada en una brecha en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey a mediados de junio. Por lo que toca a José Eugenio Hernández Romero --quien era menor de edad-- y Francisco Javier Alfaro Ortega, el juzgado indicó que ya hay actas de defunción. En dos casos más, Rubén de la Fuente Serna y Noé Alférez Hernández, la Secretaría de la Defensa reportó que fueron detenidos por narcomenudeo, el primero en enero de 2017 y el segundo en marzo de 2014. Ambos fueron entregados al Ministerio Público local, que los puso en libertad provisional. -- Reforma