Un equipo de la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja de la mano con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el basurero de Tepecoacuilco de Trujano, en el estado de Guerrero, como parte de las nuevas dirigencias que se realiza en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La diligencia que realizan los peritos de la FGR es con apoyo de elementos y maquinaria del Ejército, quienes también hacen labores de resguardo, debido que las actividades se realizan en un tiradero a cielo abierto del municipio de Tepecoacuilco de Trujano, ubicado a hora y media del municipio de Iguala. Los padres de los normalistas y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa fueron notificados sobre la búsqueda, que se suma otras realizadas, como parte de la reactivación del caso. Por otra parte, la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, citó a declarar, dentro del nuevo procedimiento iniciado, al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y al exprocurador de esa entidad, Iñaki Blanco; así como a Leonardo Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública de esa entidad, quienes han manifestado que habrán de presentarse a declarar, en esta Institución, a principios de la próxima semana. Una vez que se obtengan los resultados de dichas declaraciones, se hará pública la parte que procesalmente pueda darse a conocer, para no entorpecer el procedimiento. Posteriormente, se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en este caso. Por lo que toca a la audiencia que llevará a cabo el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, respecto a Eury “N”, Mateo “B” y Salvador “B”, esta misma Fiscalía ha presentado las pruebas de telefonía procedentes de Chicago, Illinois, con objeto de que se valoren en toda su magnitud; y también ha aportado la documentación que indica que los tres procesados se negaron a participar en el Protocolo de Estambul, que hubiera justificado sus alegatos sobre tortura. Es de señalarse que estas pruebas supervenientes se están aplicando como consecuencia de una sentencia emitida por un Tribunal Colegiado Federal, en 2018, que descalificó el procedimiento seguido por el gobierno anterior. --

Con información de Excelsior

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