Por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley Nacional de Ejecución Penal para obligar a las autoridades penitenciarias a realizar un registro de personas adultas mayores en reclusión. El dictamen aprobado señala que dicho registro deberá incluir datos sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, a fin de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. La reforma que adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal fue avalada por 318 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Mónica Bautista del PRD recordó que en las cárceles del País existen autogobiernos, corrupción y hacinamiento, condiciones que dificultan la estancia de este sector. La legisladora explicó que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta junio de 2017 existían 5 mil 846 adultos mayores recluidos, en su mayoría hombres. Entre las dificultades que tienen que enfrentar, agregó, se encuentran el estar clasificados inadecuadamente, ocupar la parte alta de las literas, carecer de rampas para movilizarse y no tener acceso a aparatos ortopédicos o prótesis. Para ellos, agregó, tampoco hay programas de reinserción social. La presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega, indicó que con esta medida se da cumplimiento a recomendaciones de la CNDH. "En su pronunciamiento sobre la supervisión penitenciaria de 2016, la propia CNDH consideró de manera específica la vulnerabilidad de estas personas adultas mayores y estableció la necesidad de que los centros penitenciarios tengan registros de esta población y de sus necesidades", rememoró. La legisladora de Movimiento Ciudadano, Kehila Ku Escalante, recordó que pese a su condición de reclusión, los derechos humanos de los adultos mayores en reclusión continúan vigentes. "Es necesario precisar que, independientemente de que estén recluidos, sus derechos humanos siguen vigentes, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano", insistió. La emecista subrayó que actualmente no existen políticas públicas para atender a este sector, por lo que confió en que lo aprobado sea el parteaguas para ello. "Lamentablemente, en México aún no se cuenta con políticas públicas para este sector poblacional, por ello, esta iniciativa puede ser un importante parteaguas en la creación de normas, instrumentos, instituciones y demás que coadyuven en el cuidado de los adultos mayores que se encuentran recluidos", expresó. La reforma pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. -- Reforma