La Comisión de Quejas y Denuncias del INE avaló la entrega de tarjetas, que simulan ser un monedero electrónico, que promocionan al candidato presidencial Ricardo Anaya y su propuesta de dar mil 500 pesos a todos los mexicanos. Con la oposición de la consejera Pamela San Martín, la comisión consideró que, de acuerdo con criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esas tarjetas, las cuales promueven el Ingreso Básico Universal propuesto por la coalición Por México al Frente, son una forma de propaganda válida. La comisión resolvió hoy una queja promovida por Morena, en la que se denunció una presunta compra y coacción del voto por parte del Frente al repartir esas tarjetas, que incluso fueron entregadas a domicilios particulares en sobres personalizados con los datos de los inquilinos. La consejera San Martín, quien participó en la sesión con voz pero sin voto, advirtió que esas tarjetas atentan contra la libertad del sufragio, pues podrían ser una forma de presionar y coaccionar el voto de la ciudadanía. Para la consejera es preocupante que los partidos entreguen simulaciones de monederos que prometen futuros beneficios económicos a cambio del voto. Además, reprobó que el PAN, que el año pasado condenó las "tarjetas rosa" que repartió el PRI en Coahuila y el Estado de México, ahora incurra en las mismas prácticas. "Me preocupa esta actuación de distintos partidos políticos", señaló San Martín. "Estamos ante conductas que no abonan al adecuado desarrollo del proceso electoral". Los consejeros Claudia Zavala, Adriana Zavala y Benito Nacif coincidieron en que, aunque en lo personal no están de acuerdo con esta forma de propaganda, la Sala Superior del TEPJF ha emitido distintos criterios que establecen su validez. Recordaron que el año pasado el INE prohibió la entrega de todo tipo de propaganda que simule ser una tarjeta y la decisión fue echada para abajo por el tribunal. "Este tipo de quejas implican un dilema entre lo que implica mi criterio personal de lo que creo que debe aplicarse", expuso Nacif. "Y, por otro lado el criterio que de forma reiterada la Sala Superior ha establecido". La consejera San Martín, ante esos argumentos, señaló que la comisión debió pronunciarse hoy en contra de esos criterios, pues son contrarios a principios constitucionales. "Estos van en perjuicio de principios constitucionales, esa es la parte que no puedo acompañar", arguyó.