El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un proyecto de nunca acabar. Desde su nacimiento, los poderes Legislativo y Ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal, han incurrido en incumplimientos que han hecho imposible que, a más de dos años de haber nacido, esté en pleno funcionamiento. Por ejemplo, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción debió ser designado en marzo de 2014 para concluir su periodo el 30 de noviembre de 2018. Fue hasta el 8 de marzo cuando María de la Luz Mijangos se convirtió en la primera Fiscal Anticorrupción. Otro incumplimiento: el Senado no ha ratificado a los 18 magistrados especializados en sancionar la faltas administrativas graves y, con ello, conformar cinco salas especializadas y una superior en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  Jacqueline Peschard, quien fue la primera presidenta -febrero 2017-febrero de 2018- del Comité de Participación Ciudadana, que forma parte del Sistema Anticorrupción, atribuyó el actual impasse a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ve en el SNA el vehículo a través del cual desarrollará su lucha anticorrupción. Max Kaiser, profesor del ITAM y experto en combate anticorrupción, dijo que tanto la actual Administración como la anterior han demostrado que no les interesa combatir la corrupción con el modelo que fue impulsado por la sociedad civil.