En el transcurso de los próximos días, el Congreso del Estado atenderá la iniciativa que planteo el Poder Ejecutivo para solicitar la autorización de desincorporación del terreno por 280 hectáreas que dejó la empresa Ford Motor Company, a fin de que pueda ser subastado y los recursos económicos obtenidos puedan ser utilizados para hacer frente al saneamiento de las finanzas estatales.

El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, señaló que los recursos obtenidos de la venta de dicho terreno permitirá al Gobierno del Estado hacerle frente a los impactos de la pandemia de COVID-19, en lo que se refiere la reactivación económica de la entidad.

En este sentido, el legislador dijo que esta “es una salida que se tiene y se debe analizar con toda responsabilidad, porque definitivamente es un terreno que se pudo rescatar como parte de una negociación entre el Gobierno y la empresa Norteamericana”.

Consideró que actualmente San Luis Potosí enfrenta una situación complicada por la pandemia que está afectado a todos los sectores de la sociedad.

Además, de que “vemos una falta de apoyo a través del abandono del gobierno federal, por ello, consideramos que al comercializar este activo, podemos sanear las finanzas públicas y seguir atendido a las familias, porque son medidas que se deben tomar y necesitamos de ese recurso para destinarlo en la atención de la población que así lo requiera ante la emergencia sanitaria”.

Consideró que el análisis de esta iniciativa, que plantea el Gobierno del Estado, debe contemplar no sólo el avalúo real del terreno que se ubica en uno de los puntos industriales más atractivos de la entidad, sino también la asignación y destino de los recursos mediante un monitoreo confiable.

Advirtió que “no podemos perder de vista que la situación adversa que enfrentan las entidades ante el problema de la pandemia, han generado el riesgo de perder empleos, inversiones, obras y lo más riesgoso es perder la operatividad del Gobierno del Estado”.