Con 111 votos en favor, uno en contra y cero abstenciones el Pleno del Senado aprobó ampliar la lista de delitos para que el Presidente de la República y los legisladores federales puedan ser imputados y juzgados. Además de traición a la Patria y de delitos graves del orden común, el titular del Ejecutivo y los legisladores federales podrían ser acusados por delitos electorales y de corrupción. El dictamen de reforma constitucional aprobado tiene su origen en la iniciativa que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso el 4 de diciembre pasado. El senador emecista Samuel García dio su voto aprobatorio a pesar de que alegó que la reforma se trataba de una trampa, en razón de que el Senado tendría que abrir un juicio de procedencia con el voto de la mayoría, lo que, sostuvo, es inviable porque la mayoría la detenta Morena, el partido de López Obrador. "Para proceder penalmente contra el Presidente de la República habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores. Renuncio el día en que este Poder se atreva a darle facultades al Fiscal para castigar al Presidente", dijo. El independiente Emilio Álvarez Icaza fue el único senador que votó en contra.  A tono con Samuel García, afirmó que por la vía de los hechos se estaba dando cuerpo a un "blindaje" del fuero. Por el Partido Acción Nacional (PAN), la senadora Indira Rosales reconoció que no se estaba alentando la eliminación del fuero, aunque opinó que debía darse un primer paso en ese sentido. "No estamos para decir no a todo", dijo. "La reforma es para que el Presidente no sea juzgado sólo por traición a la Patria sino que se incorporan delitos de hechos de corrupción y delitos electorales", explicó el senador morenista Eduardo Ramírez Aguilar. -- Reforma