El Interapas tiene instalados 12 mil medidores inteligentes en viviendas de la zona poniente de la ciudad, que están programados para limitar el servicio de agua a los usuarios que no paguen su recibo en los primeros 9 días del bimestre, sin embargo, a decir de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) esta práctica es violatoria del derecho humano al agua. Hasta el pasado 31 de diciembre, el Interapas tenía una cartera vencida por 766.9 millones de pesos, con un total de 113 mil 525 usuarios deudores, que representan el 30 por ciento de los 372 mil 868 usuarios que tiene el organismo, el 95 por ciento de los usuarios morosos son del sector doméstico. Datos del organismo también señalan que solo el 66 por ciento de los usuarios tienen servicio medido y son 125 mil 647 usuarios que, al carecer de un medidor en su vivienda, pagan una cuota fija. Humberto Ramos Contreras, vocero del Interapas, dijo que entre los usuarios que tienen medidor están 12 mil que cuentan con un medidor inteligente, el cual le permite al usuario poder revisar el consumo de agua que tiene en su hogar. Estos medidores inteligentes también tienen la función de cerrar una válvula en hogares morosos, sin embargo Humberto Ramos consideró que esto no constituye una violación al derecho al agua, debido a que se le suministran entre 20 y 30 litros de agua diariamente, suficientes para que los habitantes de un hogar puedan cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, no solo los usuarios con medidor inteligente corren el riesgo de que se les limite el servicio de agua en caso de no pago. Humberto Ramos agregó que están en proceso de contratación de 2 despachos especializados en cobranza que enviarán un par de notificaciones a los usuarios morosos y en caso de que estos no atiendan la solicitud de regularizarse en sus pagos, se instalarán válvulas a sus medidores para que de igual forma se les limite el servicio a solo 20 o 30 litros diarios de agua. CORTES NO DEBEN SER GENERALIZADOS

El presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, dijo que las acciones del Interapas constituyen una violación al derecho humano al agua, si es que se realiza de manera generalizada, sin tomar el contexto de cada familia, por lo que dijo que se debería realizar un estudio de cuántas personas habitan en cada vivienda y si hay adultos mayores, niñas y niños o madres en lactancia, para con base en esa información decidir si se puede limitar o no el servicio al agua. “Podemos estar haciendo estos ajustes a familias que a lo mejor tienen solamente una pareja que vive dos personas en un domicilio o este mismo procedimiento a una pareja que tiene 4 hijos, por ejemplo, entonces ahí se está dejando de considerar el contexto y la realidad de cada familia”, señaló el ombudsman potosino. CIUDADANOS PUEDEN DEMANDAR

López Espinosa dijo que incluso ha habido ciudadanos que han ganado juicios de amparo, debido a que el organismo les corta el agua, siendo este un derecho humano y los jueces de distrito ordenan al organismo brindarles el servicio, aún cuando no vayan al corriente en sus pagos, dado que organismos internacionales han señalado que los costos de suministro de agua deben ser mínimos y los Estados deben invertir una cantidad de recursos importantes para prestar este servicio. En 2018, la CEDH recibió un total de 21 quejas contra el Interapas y en lo que va de este año se registran ya 12 quejas, de las cuales 9 son por suspender o no garantizar servicio de agua, 2 son por cortes indebidos y sin un previo procedimiento, 1 más es por omitir dar respuesta a peticiones y otra fue presentada por un trabajador por no proporcionarle atención médica.