Una vez puesta en marcha la primera etapa de austeridad, el Senado se alista para aplicar nuevos recortes presupuestales en el gasto de 2019. El proyecto que los legisladores enviarán a la Cámara de Diputados para su aprobación en diciembre próximo busca un ahorro de mil 464 millones de pesos, lo que significaría una reducción del 30 por ciento en comparación con el gasto contemplado al inicio. Los cálculos planteados por la Legislatura anterior señalaban que la Cámara alta podría gastar el próximo año más de 5 mil 203 millones de pesos. La disminución que Morena pretende proponer al resto de los grupos parlamentarios es dejar el presupuesto de egresos del Senado en sólo 3 mil 740 millones de pesos, casi la misma cantidad ejercida en 2013. De los mil 464 millones de pesos que se podrían recortar, 696.8 millones corresponden a recursos humanos, 622.6 millones al pago a senadores, 85 millones en recursos materiales, 17.3 millones a comunicación social, 17 millones a informática y telecomunicaciones, 13 millones en el Instituto Belisario Domínguez y 5.6 millones al centro de capacitación. Para conseguirlo, los morenistas buscan mantener la eliminación de privilegios y erogaciones excesivas en la administración del Senado y el gasto de los legisladores, grupos parlamentarios, órganos de gobierno, comisiones legislativas y servidores públicos de mando. En esa línea, no se contratarán seguros de gastos médicos mayores ni se realizarán depósitos para el seguro de separación individualizado. También se aplicarán recortes a las asignaciones o subvenciones de los grupos parlamentarios y se mantendrá la reducción en los techos presupuestales para la contratación de personal para asesorías de senadores y comisiones. Para el próximo año se plantea mantener la restricción de viajes y comisiones al extranjero.  Adicionalmente, se compactarán los grupos de legisladores que representarán a México en convenciones, cumbres o reuniones parlamentarias. Aunque desde agosto se anunció la salida de mil 900 trabajadores y asesores de la pasada Legislatura, a quienes se han pagado liquidaciones millonarias, la pretensión del Senado es continuar con la compactación de estructuras, por lo que se podría registrar una nueva disminución de plazas en las áreas administrativas, técnicas o parlamentarias. El proyecto contempla la puesta en marcha de una adecuación de niveles salariales. "Mediante un acuerdo de voluntades, sería posible reducir el ingreso o salario del trabajador por lo que se refiera las prestaciones que se definan y calcular, aplicar y pagar sobre el monto total que se disminuya una liquidación", indica. "En este caso se respetará el sueldo base sobre cuál sería la recontratación correspondiente". En cuanto a los servidores públicos de mando, también se busca profundizar en las medidas de austeridad, por lo que en noviembre se elaborará un nuevo programa de ajuste para 2019. Y también recortarán en San Lázaro Los centros de estudios de la Cámara de Diputados serán reestructurados para generar un menor gasto, anunció el presidente del Comité de Administración, Ignacio Mier. "Vamos a recortar los techos presupuestales de los centros de estudios para que haya estructuras más eficientes, una estructura más ligera", destacó el legislador de Morena. De acuerdo con la evaluación interna de ese partido, los centros tienen una planta de más de 100 empleados, entre directores generales, directores, asesores e investigadores. Un documento de análisis interno de Morena sobre la estructura burocrática de la Cámara advierte que también han sido parte del reparto de cuotas entre PRI, PAN y PRD y que no hay eficiencia en los trabajos que se generan. El principal centro es el de Estudios de las Finanzas Públicas, el cual tiene un director general y cinco direcciones, un secretario técnico y 33 investigadores. "De los cinco centros, es el que cuenta con cuadros más profesionales y capacitados, sin que por ello dejen de encontrarse muchos que han ingresado en concursos amañados y las designaciones son cosa exclusiva de la decisión del coordinador en turno del PRI", cita el estudio. El análisis de Morena hace un balance negativo de la creación y operación del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el Centro de Estudio Sociales y de Opinión Pública, y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. También del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género y el Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión. -- Reforma