Los datos que esta semana dio a conocer la firma Sí Consultores sobre las pérdidas económicas de las empresas a causa de la delincuencia son verdaderamente alarmantes. Pensar que las empresas potosinas perdieron 1950 millones de pesos a lo largo de 2017 por robos, secuestros de carga o de equipo de autotransporte y extorsiones demuestra que las estrategias de seguridad implementadas por la autoridad estatal y municipal fueron un completo fracaso. Es más, la consultora reveló que las pérdidas en San Luis fueron mayores que en entidades como Michoacán y Coahuila, estados tradicionalmente conflictivos y donde los índices de inseguridad son más altos que en San Luis. Estas cifras no contemplan los recursos millonarios que erogan las empresas en seguridad privada y sistemas de protección y que se han vuelto cada vez más comunes, especialmente en empresas de la Zona Industrial. La autoridad estatal debe cambiar el rumbo de la estrategia si no quiere que las cosas se salgan de control. Afortunadamente hace unas semanas se dio un cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que debemos dar el privilegio de la duda al nuevo secretario. Lo que sí es importante es que informe a la ciudadanía lo que piensa hacer, porque de lo contrario la confianza ciudadana se perderá en poco tiempo y hay que recordar que en materia de seguridad sin la corresponsabilidad de todos, cualquier estrategia falla. El nuevo secretario podría empezar por decirle adiós a la gran lista de policías reprobados en control y confianza, pero que nunca han sido liquidados porque su salida saldría muy cara. La pregunta que debería hacerse no es cuanto cuesta su despido, si no cuanto cuesta la inseguridad… Estamos seguros que cuesta millones de pesos más. Si la autoridad no se pone las pilas el tema le puede afectar gravemente en material electoral y, además, nos podríamos ver afectados en la llegada de inversiones, que han visto en la entidad una excelente oportunidad para crecer. Pero la luna de miel se podría terminar.