La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Procuraduría General de la República (PGR) sabían que sus sedes centrales eran altamente vulnerables a un sismo, pero sus propuestas de inversión para enfrentar el problema no se concretaron. En febrero de 2015, la SCT registro ante la Secretaría de Hacienda un proyecto de 3 mil millones de pesos para comprar, mediante arrendamiento financiero a 20 años, los edificios Green Tower en Las Lomas y Corporativo 8 Inn en la Colonia Los Alpes. Para justificar la compra, la Secretaría anexó dictámenes estructurales realizados en diciembre de 2013 por la empresa Dirac que determinó que los cuatro edificios de su sede histórica en Xola y Eje Central, construidos en 1953 y dañados desde el sismo de 1985, "no cumplen las condiciones mínimas que establecen las normas actuales". Más aún, otros 10 edificios que albergan oficinas de la SCT en la Ciudad de México también fueron dictaminados como fuera de norma con problemas de hundimientos, geotécnicos y necesidad de reforzamientos, entre ellos los de la Dirección de Autotransporte Federal, la Dirección de Servicios Técnicos y el Centro de Ingreso y Selección de Personal. El proyecto para comprar nuevos edificios no recibió recursos presupuestales. Luego del sismo del 19 de septiembre, la SCT no tiene sede central, y está pendiente la decisión final para demoler el inmueble de Xola, y posiblemente reconstruirlo aprovechando el pago del seguro. En cuanto a la PGR, en julio pasado registró dos proyectos por 320 millones de pesos para renivelación, reestructuración y mantenimiento del sistema de cimentación de su sede principal en Paseo de la Reforma 211-213, que consta de dos torres de 18 pisos. Al menos desde 2014, la PGR había intentado "llevar los edificios a la verticalidad" y controlar su hundimiento y desplome, pero el esfuerzo había sido insuficiente por falta de recursos, según explicó el Director de Obras, Luis Palacios, en el documentos de justificación enviado a la Secretaría de Hacienda. Las nuevas inversiones, que aún podrían autorizarse para 2018, buscan una "intervención mayor" para que los edificios de Reforma, también abandonados luego del 19 de septiembre, cumplan las normas del Reglamento de Construcciones. Los edificios fueron comprados a Banco Santander en 2002 por 350 millones de pesos y en enero pasado fueron valuados en 347 millones. A raíz del sismo, más de 2 mil empleados de la PGR tuvieron que ser reubicados desde el pasado 16 de octubre en 13 inmuebles distintos, algunos en condiciones precarias para laborar. Huyen de edificio de Tribunal Agrario El Tribunal Superior Agrario (TSA) se quedó sin sede y sin labores por tiempo indefinido. El órgano se había mudado en enero a un nuevo edificio rentado en la Colonia Granjas México. El 13 de octubre, el Tribunal anunció que no puede regresar al inmueble porque es "inhabitable" luego del sismo del 19 de septiembre. En su informe anual de 2016, el presidente del TSA, Luis Lopez Escutia, elogió profusamente "la modernidad, instalaciones y amplitud" del nuevo edificio. La mudanza al edificio en Avena 630 había sido justificada porque la sede del TSA desde 1992 en Orizaba, Colonia Roma, tampoco podía ser habitado por estar fuera de norma. El primer peritaje al edificio de Avena 630, realizado por la firma Chacón y Asociados, había determinado que el inmueble tuvo "buen comportamiento" ante el sismo y se podía seguir utilizando, aunque era necesario resanar grietas y reforzarlo. "Habiéndose ejecutado todos los trabajos de revisión de planos arquitectónicos y estructurales, inspección física y medición conforme a un levantamiento topográfico, se llegó a la conclusión de que el inmueble que ocupan las oficinas del TSA en Avena 630 presenta riesgo estructural y fue declarado como inhabitable", señaló el Tribunal en su aviso del 13 de octubre. "Se mantiene la suspensión de todas las actividades relacionadas con la recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación y trámite, así como la suspensión de plazos y términos por un periodo indefinido, hasta en tanto se cuente con un inmueble que permita operar en condiciones seguras". En el edificio trabajaban unas 200 personas que desahogan unos 900 expedientes anuales. El resto del personal del TSA está distribuido en tribunales unitarios de todo el País. -- REFORMA