La afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS se considera un desafío, pues se tienen que plantear reglas y fórmulas para financiar esta protección, señaló Helmut Schwarzer, experto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En México hay 2 millones 376 mil 45 trabajadores en servicios domésticos, al tercer trimestre de 2018, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para los cuales será obligatorio pertenecer al IMSS. El Instituto inició un programa piloto para afiliar a estos trabajadores después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una sentencia en la cual ordena que se garantice que estas personas tengan acceso a servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, obstétricos, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales, principalmente servicio de guardería y velatorios. Antes de dicha sentencia, la afiliación al Instituto era voluntaria y sólo a través del seguro facultativo, es decir, sólo se tenia atención médica pero sin otros beneficios como un fondo para el retiro. "A principios de diciembre la Suprema Corte requirió al IMSS que presente durante la primera mitad del año 2019 un propuesta de incorporación de las trabajadoras del hogar un proyecto piloto para su afiliación obligatoria. "Es un desafío para el próximo año o año y medio porque se deben construir reglas, mecanismos de operación, colaboración entre IMSS y otras instituciones, diseminar la información y hacer cálculos como financiar la protección social a las trabajadoras del hogar", describió Schwarzer. Añadió que garantizar la cobertura de seguridad social obligatoria no es todo, sino que se debe informar muy bien a la población sobre los beneficios que tendrá esta medida. "Es necesario hacer cambios en la forma como se hace la inspección laboral, cómo se hace la recaudación, el diseño de las tasas de contribución, la información para las personas, la dificultad de tener acceso a información. "Cuando un país pregunta a la OIT qué estrategia adoptar para la extensión de la protección social para un determinado grupo de personas, decimos que es necesario tener diferentes acciones coordinadas en paralelo", consideró. Refirió que en otros países de América Latina ya existe un régimen para dar cobertura de seguridad social a estos trabajadores, como es Uruguay que es pionero en estas medidas. Otros países que han hecho medidas similares son Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica. --

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