La PGR presentó un recurso en el que alega que existe "imposibilidad real, jurídica y material" para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa y desconoce su investigación sobre la desaparición de 43 normalistas en Iguala. El incidente de imposibilidad fue presentado este jueves ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar el cumplimiento de cuatro amparos otorgados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en favor de presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el asesinato de los normalistas. El escrito de la PGR fue firmado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, y por Ignacio Gilberto Silva Hernández, director General de Control de Juicios de Amparo. Sabino Pérez García, magistrado del Tribunal Unitario, notificó hoy un acuerdo en el que ordena dar vista a las partes involucradas en los juicios de amparo, para que ofrezcan pruebas y aleguen lo que convenga a su interés en plazo de tres días hábiles. "Transcurrido este plazo, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente", dice el artículo 67 de la Ley de Amparo. La ley faculta al Magistrado Pérez García para resolver si considera que existe la imposibilidad alegada, pero cualquier resolución que dicte podrá ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia para aclarar en definitiva el tema. Mientras se tramita este incidente, lo que puede tomar varias semanas, las autoridades no estarán incurriendo en desacato de la orden de crear la Comisión, para lo cual hay un plazo de diez días que empezó a correr esta semana. Aunque el contenido del escrito de la PGR no se conoce públicamente, es previsible que la imposibilidad se alega en torno a la orden de crear una Comisión de la Verdad y la Justicia, que investigaría de nuevo el caso, y en la cual el Ministerio Público sería un mero auxiliar de la CNDH y los representantes de las víctimas. Este jueves, la Conferencia Nacional de Procuradores afirmó que la orden de crear la Comisión de la Verdad viola la Constitución, la división de Poderes y es un ejercicio excesivo de las facultades de un tribunal colegiado. El incidente de imposibilidad fue promovido en paralelo a una solicitud de aclaración de sentencia, que se presentó esta semana ante el propio tribunal colegiado. La solicitud de aclaración fue presentada por el Consejero Jurídico del Ejecutivo, Misha Granados, y por el diputado federal Edgar Romo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la que el tribunal pidió autorizar recursos para la Comisión. La aclaración de sentencia podría no ser tramitada por el tribunal colegiado, ya que ni Granados ni Romo fueron partes en los juicios de amparo. Otras secciones de las sentencias del tribunal colegiado corresponde cumplirlas al Segundo Tribunal Unitario en Matamoros. Este deberá anular los autos de formal prisión por delincuencia organizada contra Salvador Reza Jacobo, "El Wereke"; Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo"; Gildardo López Astudillo, "El Gil" y Miguel Angel Bahena Landa, "El Chequel", integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas en septiembre de 2014. -- Reforma