La integrante de Educación y Ciudadanía Fátima Alvizo reveló que en lo que va de la legislación de la Ciudad de México donde se permite la suspensión del embarazo antes de las 12 semanas, más de 50 mujeres potosinas han acudido a practicarlo, aparte de una cantidad no estimada de quienes abortan en la clandestinidad. “La pugna de este derecho es una respuesta a los procesos de criminalización y muerte derivadas de prácticas clandestinas de interrupciones de embarazo y busca coadyuvar a que las mujeres puedan decidir de manera individual el número de hijos que desean tener y su temporalidad, atendiendo el derecho de planificación familiar”. La Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, Educación y Ciudadanía, el Frente Estudiantil de mujeres, ente otras organizaciones civiles presentaron ante el Poder Judicial de la Federación dos demandas de amparo indirecto el artículo de la Constitución que protege la vida desde el momento de la concepción y otra fracción del Código Penal correspondiente al delito de aborto. La demanda pretende que no se apliquen las disposiciones combativas en favor de las mujeres para que puedan, si es su decisión, interrumpir un embarazo sin ser criminalizadas y con esto ampliar el esquema de derechos. En el caso de que los jueces de distrito nieguen el amparo solicitado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá conocer la revisión de dicha sentencia y mediante este camino tras dos casos resueltos favorablemente, buscarían la declaratoria general de inconstitucionalidad que obligaría al legislativo realizar los cambios necesarios. La inconformidad legal se suma a una estrategia para conseguir el derecho a la autonomía reproductiva la cual consta de la iniciativa de modificación constitucional presentada el pasado 26 de Marzo junto con las diputadas Marite Hernández Correa, Angélica Mendoza Camacho, Rosa Zúñiga y el diputado Pedro César Carrizales.