La legalización de los denominados "autos chocolate" pone en riesgo a la industria automotriz, advirtió el sector patronal. En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, alertó que la política para la regularización de vehículos internados ilegalmente en el País afecta a la producción y venta de autos en la economía formal. Este mismo efecto tendría la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de recorrer 30 kilómetros hacia el sur las aduanas de la frontera norte para crear una zona franca, señaló. "La introducción ilegal hacia territorio mexicano de autos chatarra a los que su antigüedad y obsolescencia tecnológica ya no les ha permitido circular en Estados Unidos compromete la seguridad vial en calles y carreteras y, desde luego, pone en riesgo la seguridad pública", opinó. El contrabando de vehículos, señaló De Hoyos, es ignorado por las autoridades federales y a su vez, es solapado por las autoridades estatales y municipales, con lo cual se debilita el mercado interno y el sector automotor. Por ello, afirmó, la comercialización de los vehículos chatarra representa 10.05 por ciento de las ventas totales de vehículos en el País. "Se debe considerar el tema dentro de las renegociaciones del TLC. Sin una normativa fortalecida no se puede otorgar seguridad jurídica a quienes importan vehículos dentro de la ley, y será inevitable que México sea el basurero regional de vehículos obsoletos provenientes del resto de Norteamérica", afirmó De Hoyos. Comentó que harán un llamado a los gobernadores que han impulsado la regularización de vehículos introducidos ilegalmente para que reconsideren y desistan de dicha práctica. El líder de la Coparmex subrayó que la regularización de los vehículos usados, internados como contrabando, tiene el potencial de agravar la situación que atraviesa la industria automotriz. -- Reforma