La diputada Alejandra Valdés Martínez solicitó a través de un punto de acuerdo que se investigara y se realizaran operativos para evitar el almacenamiento de manera intencional de artículos de consumo necesario, para luego su venta con alzas exageradas en los precios. Solicitó la intervención de la Secretaría de Economía del estado, así como las delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General del Consumidor, pero en la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado rechazaron esta petición. Dentro de la exposición de motivos la diputada señaló que derivado de las circunstancias que ocasiona el Covid-19, los pequeños comercios ejercían el “acaparamiento”, mientras que los integrantes de la comisión señalaron que “los precios no van a poder tener un precio a la baja, ya que por la pandemia y la inflación será al contrario”. También argumentaron que la legisladora morenista no hace uso del impacto económico financiero presupuestario para determinar a cuánto asciende el costo en términos reales; asimismo, no señala a qué negocios o empresas se refiere respecto al acaparamiento. "Existe la Profeco que es la institución encargada de ver estos temas... tiene herramientas jurídicas, entonces estaríamos invadiendo un ámbito que no es el que nos corresponde. El punto de acuerdo está mal direccionado", expresó la diputada Patricia Silva Celis.