Investigadores del INAH que denuncian condiciones ilegales de contratación acudirán a las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos, así como a la Organización Internacional del Trabajo para exponer su caso, anunciaron en conferencia de prensa. Esta semana presentarán su denuncia en la CNDH y la próxima lo harán ante los referidos organismos internacionales, detalló el abogado Manuel Fuentes, tras manifestarse contra el "despido masivo" que supone contratarlos como prestadores de servicios en el Capítulo 3000, en lugar del 1000 al que estaban adscritos como personal de carácter transitorio. "Fuimos borrados de la estructura académica y administrativa de la Institución, a pesar de que, al ubicarnos en el capítulo 3000 para continuar realizando investigación científica, se evidencia que la materia de trabajo no solo persiste, sino que es la razón, claramente imperiosa, de la necesidad de nuestra integración en las labores sustantivas del INAH. En sentido estricto, los investigadores contratados fuimos artera e ilegalmente despedidos por los actuales funcionarios del INAH", indicaron en una declaración pública. Los más de 800 especialistas de base que laboran en el INAH resultan insuficientes para que este organismo cumpla con las responsabilidades de investigación, conservación y difusión del patrimonio que la ley le confiere, por lo que debe recurrir anualmente a la contratación de mil 200 investigadores, apuntó Miguel Ángel Marín, adscrito a la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. Agrupados en el Movimiento 26 de Julio, los profesores refirieron -mediante Marín- que su contratación no siempre considera sus conocimientos especializados ni incluye prestaciones, con excepción de la compensación anual o aguinaldo, y se acompaña, en muchos casos, de una carta de renuncia voluntaria. "Ha ocurrido la contratación en calidad de peones a varios compañeros arqueólogos", ejemplificaron. Agregaron que la vulnerabilidad laboral propicia acosos de todo tipo, entre ellos de carácter sexual por parte de titulares de algunos centros de trabajo. Además, son recurrentes los retrasos en los pagos; entre el 75 y el 80 por ciento de los investigadores sin base no reciben salario desde enero pasado, aseguró Marín. "La única posibilidad que tenemos de acceder a una plaza definitiva de tiempo completo es la de esperar a que las plazas existentes se desocupen, ya sea por defunción o jubilación de los investigadores activos, y mediante concurso de oposición abierto", criticaron. El Movimiento 26 de Julio es respaldado por los profesores sindicalizados del INAH, cuya dirección envió una solicitud al virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para abordar el tema en una reunión. En ella demandarán, entre otros puntos, erradicar la contratación de investigadores por capítulo 3000. -- Reforma