Juan Carlos y Maximiliano Merino, ambos de origen indígena, llevan más de cuatro meses recluidos en el penal de Barrientos bajo una causa penal con supuestas irregularidades y sin un intérprete al mixteco que los asista, acusaron familiares de los jóvenes. El artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que los integrantes de comunidades indígenas deben ser asistidos gratuitamente con intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua en cualquier tipo de juicio o procedimiento. Sin embargo, los jóvenes de 20 y 23 años, respectivamente, no entienden por completo cuál es el proceso que enfrentan desde el 2 de noviembre pasado, asentado en el expediente 2351/2017, y por el cual se encuentran recluidos en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla Juan Fernández Albarrán, conocido como Barrientos. En entrevista, Amador Vázquez, tío de los dos jóvenes y quien habla español con dificultad, asegura que fueron detenidos cuando se dirigían a una tienda a comprar cervezas e interceptados por policías municipales del Valle de México que intentaron extorsionarlos con un cobro de 2 mil pesos a cada uno para evitar consignarlos. "Las patrullas empezó a pedir dinero a ellos de 2 mil y dijeron 'yo no tengo', y le dijeron 'yo no estoy preguntando, vas a dar, ahorita vamos a ver, me van a dar dinero ahorita o si no nos vamos al bote porque tú vas a ser el que va acusar a ellos', dijeron los policías al chavo que iba con ellos", explicó Amador, quien trabaja como 'viene-viene' en el estacionamiento de una plaza comercial de Naucalpan. El amigo de los jóvenes, contó Amador, reconoció que los acusó de supuesto robo con golpes por miedo a que los policías también lo inculparan de algún delito. Aunque el amigo, cuya identidad no fue revelada, dejó de presentarse durante el juicio, la denuncia continúa y el proceso también. A Amador no se le ha permitido visitar a sus sobrinos pues, asegura, la autoridad carcelaria le impide verlos por no ser un familiar directo. Con la esperanza de liberar a sus sobrinos, Amador y su esposa, con el apoyo de los patrones de los dos jóvenes, pagaron a un defensor particular, quien recientemente se retiró del caso por la falta de recursos de la familia. Aunque el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México asegura que a Juan Carlos y Maximiliano se les proporcionó un traductor, los familiares afirman lo contrario. "El 16 de febrero de 2018, en la audiencia intermedia, manifestaron que no comprenden bien el idioma español, ellos hablan mixteco, por lo que tuvieron que ser apoyados con traductores", indica personal de Comunicación del Poder Judicial. Juan Carlos y Maximiliano ya están en audiencia intermedia, fueron vinculados a proceso y ni siquiera entienden los cargos, que es robo con violencia. Los jóvenes tendrán su próxima audiencia en abril, ahora con una defensora de oficio, y aunque los imputados pidieron un intérprete, la litigante le recomendó al señor Amador conseguir un traductor por sus propios medios. -- Reforma