Campesinos del ejido “La Presa”, municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, que han emprendido una lucha legal y social contra el acueducto (ya sin Presa) La Maroma – Matehuala, denunciaron que los días previos, tanto ellos directamente como sus asesores técnicos, investigadores del Programa “Agua y Sociedad” de El Colegio de San Luis, así como el equipo jurídico de docentes y estudiantes de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, han recibido insistentes visitas de funcionarios de la Comisión Estatal del Agua y de la Comisión Nacional del Agua para forzar reuniones y acuerdos tendientes al desistimiento de su causa judicial. Desde el mes pasado, los campesinos interpusieron demandas de amparo y ante tribunales agrarios para detener el proyecto de acueducto “La Maroma” porque les despojaría de sus derechos históricos sobre tierras y aguas conquistados y reconocidos en decreto presidencial de 1924 y 1955. Habitantes de diversas comunidades del altiplano potosino señalan en sus demandas que el proyecto busca despojarles del agua de un manantial que utilizan para riego, ganado y servicios domésticos, y en cambio sería llevado para beneficio de una zona industrial en Matehuala. Este modelo de creación de presas que despojan a campesinos y favorecen intereses privados coludidos con gobiernos ha sido denunciado en México en repetidas ocasiones por perjudicial y, en muchas ocasiones, ilegal (como en las presas El Zapotillo y La Parota). Además, señalaron los denunciantes, que los representantes de la Comisión Estatal del Agua (del gobierno del estado de San Luis Potosí) y de la Comisión Nacional del Agua (del gobierno de la República) han amagado con intentar cobrarles los gastos derivados del paro de las obras. Los campesinos han impedido el acceso a sus territorios de la maquinaria que operaba ilegalmente en la zona, ya que se trata de terrenos ejidales y cualquier empresa requiere permiso expreso de las autoridades agrarias. Por ello es que los campesinos temen que en los próximos días el gobierno del estado o el gobierno federal pudieran intentar reprimir su movimiento para reingresar la maquinaria a sus territorios, ya que, según refieren, los funcionarios han anunciado que pueden llegar a las últimas consecuencias, incluido el uso de la fuerza pública. La obra en disputa es un compromiso de campaña del presidente Enrique Peña Nieto y cobra especial relevancia en la entidad por los intereses que concita de diversos capitales privados que buscan beneficiarse de ella a pesar del despojo contra los campesinos de la región.