La violencia contra las mujeres sigue en crecimiento, también la denuncia de estos hechos, como población estamos conscientes que vivimos en un país con niveles muy altos de violencia, y que se ha normalizado, sin embargo los móviles que llevan a un hombre a violentar a una mujer tienen su origen en la cultura de misoginia y machismo de la población en general, pero en particular de los hombres hacia las mujeres. El clima de inseguridad y violencia que vive el país es un detonante más para que pueda darse un fenómeno de impunidad en la sanción de los casos que denuncien las mujeres.

Cuando señalamos que a una mujer se le quita la vida porque hay un clima de violencia generalizada en el país estamos faltando a la realidad de lo que viven muchas mujeres día a día en sus hogares, en su trabajo, en las calles, y debemos remarcar que el clima de inseguridad es un elemento importante que pero que no podemos dejar de lado los aspectos culturales, antropológicos y sociales con que rodean la violencia contra las mujeres porque sabemos ya que es un fenómeno multifactorial.

El Estado mexicano trabaja en muchas acciones afirmativas que serán medidas temporales hasta en tanto se alcance la igualdad plena entre hombres y mujeres, debemos recordar que una vida libre de violencia es un derecho humano, porque si vivimos con ella, con la violencia, limita el acceso de nosotras a otros derechos como son el derecho a la vida, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la salud, el derecho a la vida sexual y reproductiva, el derecho a la participación política, al desarrollo, etc.

Hay varios hechos que debemos colocar en el centro de nuestra atención para revisar el desarrollo que puedan tener y observar que de manera real y eficiente estén encaminadas a resolver la situación de violencia que viven muchas mujeres en nuestro entorno:

1.- La propuesta de legisladores de Congreso del Estado para aumentar la pena al delito de Feminicidio a 60 años, en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí en el artículo 135, la pena es de 20 a 50 años de prisión para quien cometa el delito además de una sanción pecuniaria y la reparación del daño.

2.- Otra propuesta de Diputadas federales del PAN para modificar el artículo 73 constitucional a fin de facultar al Congreso de la Unión para crear la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio.

3.- Las declaraciones de los servidores públicos que se acercan a la victimización de las mujeres y dejan en duda la actuación asertiva  hacia la construcción de políticas públicas que disminuyan la violencia contra las mujeres.

4.- El acceso a la justicia de las mujeres, con procesos de investigación del delito que sean breves, y que se juzgue con perspectiva de género

El aumento de la pena en los delitos de violencia feminicida no ha sido un atenuante para que se dejen de cometer crímenes violentos contra mujeres; en el caso particular de San Luis Potosí los familiares de las víctimas han pedido que las sentencias se dicten con perspectiva de género, que los procedimientos sean breves y que se dé una reparación integral del daño; más que aumentar la pena conviene homologar el código penal y el Protocolo de investigación de feminicidio con el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)” propuesto por la ONU.

En ese mismo sentido va la iniciativa de las diputadas federales panistas, que buscan hacer una Ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio cuando los elementos para la creación de políticas públicas están contenidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la propuesta debería orientarse a establecer sanciones a los servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones para el diseño y aplicación de políticas públicas y que se revisen cada acción, proyecto y recursos asignados a las entidades federativas y/o asociaciones civiles a quienes se les ha delegado esa responsabilidad.

Por otro lado es importante que los hombres servidores públicos que están involucrados en transverzalizar la perspectiva de género lo hagan con absoluta responsabilidad pues en esta etapa de construcción de las estrategias para dar continuidad y seguimiento a la Alerta de Violencia de Género es importante sumar a las acciones afirmativas, identificar medidas temporales emergentes que estén orientadas a erradicar la violencia feminicida.