El estado mexicano de Oaxaca ha puesto un claro ejemplo de la defensa de las mujeres a decidir sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, no sólo en nuestro país sino a nivel global. Es importante porque estamos cumpliendo ocho años de que se reformó la Constitución Mexicana para dar paso a la no discriminación de las personas por su condición de género, y las mujeres son criminalizadas cuando se conoce que llevó a cabo una interrupción del embarazo.

El aborto que se practica en condiciones inadecuadas es un problema de salud pública, es la consecuencia de varias acciones omisas de los actores involucrados, entre ellas a)   La escasa educación sexual apegada a los derechos sexuales y reproductivos, La ineficacia de las políticas públicas en la erradicación de las desigualdades entre hombres y mujeres b)   El ejercicio de poder que sigue prevaleciendo de parte de los hombres hacia las mujeres c)    El poco acceso de los y las adolescentes a servicios de salud.

Según datos de Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, el aborto en condiciones inadecuadas es la cuarta causa de muerte en el país, y las mujeres siguen siendo culpadas y criminalizadas por ello, más aún las mujeres adolescentes y las niñas.

Vamos por partes, porque de primer impacto que las personas han tenido es por el manejo de la información que no es exacta sobre la Reforma en el Código Penal de Oaxaca, y que tiene que ver con alto tan simple como que las leyes o dicho código NO obligan a las mujeres a abortar, sino que se evita criminalizar a aquellas mujeres que tomen la decisión de no continuar un embarazo por las razones que ellas consideren adecuadas en la postergación de su maternidad.

Por otro lado nos encontramos con niñas y adolescentes que son forzadas a tener relaciones sexuales, a veces de manera sutil y otras de manera violenta, y que por esa razón en caso de presentar un embarazo tienen la opción legal de sujetarse a la NOM 046 que evita la revictimización de una mujer que ha sido violada y que resultado de ello esté embarazada, ya no es necesario que el Ministerio Público “autorice” una interrupción legal.

Esta NOM 046 es positiva frente al impacto que tiene en las mujeres y sobre todo en las niñas y las adolescentes que han vivido una terrible experiencia como lo es la violencia sexual por parte de un hombre adulto o con ejerciendo una acción de poder físico sobre la víctima.

Tenemos en San Luis Potosí un deuda pendiente con las niñas, sobre todo de comunidades rurales, indígenas, semiurbanas y urbanas, es decir en diferentes regiones, que han tenido que sobrellevar un embarazo producto de una violación y que no han podido acceder a servicios de salud que les permita interrupción el producto de esa agresión sexual.

A nivel internacional para casos de niñas, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como límites de la interrupción hasta las 16 semanas, pues se ha valorado las circunstancias de la víctima para no saber que está embarazada por su edad, por su nivel cultural, por su situación de vulnerabilidad frente al agresor, que en la mayoría de los casos son familiares consanguíneos.

El pasado 28 de septiembre y como cada año desde 1990, se desarrollaron actividades a propósito del Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto y al que convocan movimientos feministas y grupos de mujeres, para reflexionar sobre la importancia de no criminalizar a las mujeres que se encuentran en situaciones de desventaja por la práctica de interrupción del embarazo.