En menos de una semana hemos conocido de dos feminicidios más y uno en grado de tentativa ocurridos en la zona media y huasteca, la cifra aumenta a 26 casos y en poco se cumplirá un año de que la Secretaría de Gobernación emitiera para el Gobierno de San Luis Potosí la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Recordemos que desde 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó un Informe Especial sobre la situación que guardaban las muertes violentas de mujeres y de feminicidio, posteriormente hizo la solicitud para que se implementara la Alerta de Violencia de Género a la que se le sumó el recién electo gobierno estatal del doctor Juan Manuel Carreras. Luego un grupo de expertos realizó un diagnóstico sobre la situación que guardaban los casos, se le dio un tiempo para que el ejecutivo avanzara en algunas de las observaciones y finalmente, el 21 de junio de 2017 la Secretaría de Gobernación decretara la Alerta de Violencia de Género.

Algunos grupos de los Organismos de la Sociedad Civil trabajaron de manera conjunta con el propio gobierno a través de la Mesa Interinstitucional de Especializada en feminicidios que se creó el 25 de febrero de 2016 y que concreta acciones en un documento denominado Programa Anual de Trabajo para el 2017. Otras personas de la sociedad civil y académicas optaron por irse por la vía independiente y constituyeron la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la AVG, en noviembre de 2016. El Gobierno estatal a través de la Secretaría General de Gobierno inició trabajos con las dependencias del ejecutivo estatal y municipal para implementar acciones en los seis municipios declarados con la Alerta que evitarían más feminicidios.

¿Qué se ha hecho? Planeación, declaraciones, propuestas, capacitaciones, una campaña publicitaria y apostarle a la construcción de un nuevo Centro de Justicia para Mujeres en Matehuala. ¿Qué se ha hecho? Esperar el presupuesto para implementar acciones que requieren de recursos económicos. Ha habido acciones de todas las dependencias del gobierno estatal que están orientadas a la sensibilización y capacitación de las personas que trabajan en el servicio público para aclarar la perspectiva de género, en días pasados el Gobernador Juan Manuel Carreras aprobó el decreto para crear las Unidades de Género en todas las dependencias de su Gobierno.

¿Qué se ha hecho? Acciones desconectadas por parte de todos los actores tanto de las oficinas gubernamentales como de los organismos de la sociedad civil. Hemos hablado por años del tema para crear conciencia entre todas las personas pero particularmente en los hombres sobre las desventajas que tenemos las mujeres y que nos hacen proclives y vulnerables a las violaciones de nuestros derechos humanos.

¿Qué se ha hecho? Transitar con dificultades del discurso a la acción. En materia de planeación, se fortalecieron los programas operativos anuales en materia de violencia contra la mujer tanto en el SEPASEV como en el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, con el ánimo de que este instituto lleve la batuta de recordarle a las instituciones que cumplan con las acciones propuestas.

¿Qué se ha hecho? A quienes les toca la operación y apoyar a las mujeres en situación de violencia extrema han fallado, los Centros de Justicia para Mujeres instalados en la entidad, uno de ellos aquí en San Luis Potosí que pudo haber prevenido 12 feminicidios, nueve en colonias de la ciudad y tres en Soledad de Graciano Sánchez; en tanto que el CJM de Rioverde no aseguró la atención necesaria a cinco mujeres, tres de ellas de Rioverde: el CJM de Matlapa no atendió a dos mujeres de ese municipio.  Se anunció la construcción de un nuevo centro de justicia para mujeres en Matehuala con una inversión millonaria.

Los Centros de Justicia para Mujeres es una política pública para atender, apoyar a las mujeres que viven violencia en cualquiera de sus modalidades, pero particularmente a aquellas mujeres que ya han denuncia la violencia extrema. Recordemos que el CJM estaba visto hasta antes de la administración actual como un programa dependiente del Centro de Atención a Víctimas (CAVID) y que aún le tocó la operación a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), y que en una operación poco transparente se desincorporó.

Los organismos de la sociedad civil no han puesto los ojos en los Centros de Justicia para Mujeres y el rol tan importante que tiene para la protección, empoderamiento y devolver a las mujeres víctimas de violencia un nuevo proyecto de vida. Es indispensable observar qué está faltando para que se conviertan verdaderamente en una política pública, qué requiere, qué tipo de apoyo, que tipo de auditoria social se hace indispensable. La infraestructura es de mucha importancia pero lo es más la voluntad para que se atienda eficientemente a las mujeres víctimas de violencia, que no sólo es con el buen trato, sino con el apoyo y acompañamiento real.

Los Centros de Justicia son cruciales para el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género, es ahí donde se materializa el apoyo y acompañamiento que requieren las mujeres víctimas, y ha dejado asesinar a 26 mujeres en lo que va del año.

Debemos hacer un alto y reconocer que se ha hecho muy poco y esperamos que si organismos de la sociedad civil participan en el cumplimiento de la Alerta tengan el aval técnico.