Desde el mismo día que al candidato por la gubernatura del Estado le entregaron la constancia del triunfo de la elección, se aceleraron los pasos para concluir temas pendientes que durante seis años se habían dejado a medias. En los últimos meses de la administración de Juan Manual Carreras, muchas personas de su gabinete se ausentaron para participar en los procesos electorales. Se desarticuló la Secretaría General de Gobierno, porque el titular y uno de los subsecretarios abandonaron sus cargos, uno para irse como candidato del PRI a diputado local plurinominal y estratega de un candidato a la alcaldía de San Luis Potosí, y el otro funcionario público migró para coordinar una parte de la campaña electoral de la ex Secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel. Además de otras personas servidoras públicas que decidieron probar fortuna en los pasados comicios y conseguir un nuevo espacio antes de que se queden en el desempleo. Pongo sobre la mesa de reflexión no el genuino derecho de participación política como candidatos y candidatas, sino el compromiso para realizar las actividades de sus encargos en el servicio público, quedó de manifiesto la ausencia de responsabilidad porque se dejaron suspendidas las acciones que deben impulsarse desde los espacios que coordinaban. De modo tal que la servidora púbica más cuestionada fue la Secretaria de Salud, que dejó el cargo en el pico de la pandemia, en una de las peores crisis sanitarias que vive la historia de nuestro país y el mundo, es de elogiarse que buscara ejercer sus derechos civiles y políticos, pero se le había señalado por parte de organizaciones sociales malos manejos administrativos, antes de haber abandonado su cargo. Organizaciones ciudadanas han cuestionado la administración de Carreras en el manejo financiero en áreas tan delicadas como la salud, la alerta de violencia de género, educación, la atención a mujeres. Se trata de información que fue solicitada por vía transparencia y cada día fluyen más los rumores de que para el cierre del año fiscal 2021, San Luis Potosí se quedará sin recursos, quedando para el siguiente gobierno muchas dificultades para arrancar su gestión. El dinero que no se debe cambiar de trayectoria ni por error, es aquel que está destinado a abatir las desigualdades entre hombres y mujeres, ejecutar la política pública de erradicación y no discriminación contra las mujeres, que precisamente le corresponde a la Secretaría General de Gobierno y que se desarticuló en los últimos meses dejando actividades a medias y estancadas. De ser ciertos los comentarios estamos frente una situación delicada en la que la administración saliente deja los programas pendientes, en este espacio hemos revisado las acciones, las estrategias orientadas a disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres, hemos revisado los datos para identificar el total del presupuesto para el Instituto de las Mujeres y el Centro de Justicia, sin encontrar información en los sitios web destinados para ello. Las y los servidores públicos de mandos medios y superiores están acelerando los procesos de entrega para la administración que llegará, y  también están justificando de manera administrativa en qué se gastó el recurso para los proyectos de la Alerta de Violencia de Género, los programas orientados a incidir en hombres y mujeres para erradicar la violencia de género,  la justificación de siempre como cada año es la misma, se gasta en acciones de capacitación y sensibilización para servidores públicos. Obras que deben ser prioritarias para la atención de las mujeres ha sido relegada para el final de la administración, por ejemplo se inauguró “a las carreras” el nuevo Centro de Justicia para las Mujeres de esta ciudad capital, que se construyó con un presupuesto superior a los 45 millones de pesos, con fondos federales. También ya para irse el gobernador actual inauguró las oficinas que albergará la nueva sede del Instituto de las Mujeres. La sociedad civil ha intervenido en la visibilización de la problemática que a atraviesan las mujeres, han intervenido en diferentes proyectos a través de  diversas organizaciones nacionales e internacionales que colaboraron para programas específicos de acceso de las mujeres a la justicia, por ejemplo con USAID para la reducción de la impunidad. Es preocupante que tardíamente quieran justificar acciones que nunca se realizaron. La administración entrante tendrá que tener cuidado con lo que se encuentran en materia de programas y proyectos que aparentemente comenzaron desde que inició el gobierno que se va, pero que hasta este momento no hay avances significativos, para prueba puede usted consultar la página del Alerta violencia de género que está actualizada a 2019. Las mujeres han sumado esfuerzos desde la sociedad civil para cristalizar acciones directas, efectivas, eficientes para erradicar todas las formas de violencia contra ellas, como fue la iniciativa para la reparación simbólica de las víctimas de feminicidio. Ya basta que sigamos siendo un tema político para la atracción de recursos federales, pero sin efectividad en la disminución de las violencias que se ejercen contra las mujeres.