En una conferencia el viernes con integrantes del Colegio de Contadores Públicos de México, que preside Rosalía Ortega, un integrante de la audiencia señaló, con notorio conocimiento, que la ganancia en recaudación fiscal para el gobierno de integrar a los trabajadores informales a la formalidad sería relativamente pequeña.

Algunas estimaciones que se han hecho públicas estiman que el potencial recaudatorio del país, si todas las personas de la informalidad se pasan a la formalidad, rebasaría el billón de pesos.

En cualquier caso, estas cifras tendrían que validarse para incluir también los costos de la fiscalización de los nuevos contribuyentes.

En cualquier caso, lo que es un hecho es que la informalidad en México continúa siendo el principal motor de actividad para una inmensa mayoría de trabajadores, según lo confirmó ayer el Inegi en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que arrojó una tasa de informalidad de 55.1 por ciento.

Con estos resultados en el segundo trimestre, de los 61.7 millones de mexicanos que estamos activos laboralmente, más de 33 millones trabajan en la informalidad; es decir, no pagan Impuesto Sobre la Renta. Eso sí: es muy probable que muchos de ellos paguen alguna cuota a un líder local, a un coordinador o a un jefe de plaza por su actividad económica.

Treinta y tres millones de personas es un número que se acerca a la misma población de toda Ucrania o de toda Polonia. Esto es, para México, una calamidad, porque ningún gobierno, candidato, secretario de Estado o autoridad de ninguna índole parece verlo como un problema.

Simplemente se acepta en la condición de organización social y económica paralela: se trata de ciudadanía a la que se le dan servicios públicos: calles, banquetas, recolección de basura, seguridad y educación, sin que contribuyan para ello. Son más de 33 millones de free riders (o gorrones). Gozan de los beneficios sin pagar los costos, teniendo ingresos.

Debe insistirse en un punto: es incompatible obtener estatus de país desarrollado mientras persista esta elevada informalidad. El problema, sin embargo, es que en realidad nadie quiere hablar del elefante en la habitación; es decir, de cómo acabar con ella.

El gobierno tiene miedo de hacerlo, sobre todo porque la base electoral de Morena tiene un fuerte anclaje en la economía informal. ¡Uf!

DJI

El robo de drones, cámaras y accesorios a la empresa Da Jiang Innovations (DJI), de Frank Wang, afuera del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es una grave señal de inseguridad en las inmediaciones de un recinto que debería estar blindado. Colusión de los cuerpos del orden o del personal aduanero es lo mínimo que se puede sospechar.

¿Lo grave? Los drones de DJI sí pueden funcionar para volar un rango mínimo sin la activación oficial de la empresa. Pueden hacerlo a una altura de 30 metros y en un radio de 50 metros.