Desde el 18 de julio de 2020 nació en el papel la PROCURADURIA URBANA, como ente que le diera vida y obra al ordenamiento territorial, certidumbre en el cuidado al medio ambiente y su convivencia con el desarrollo urbano, entre otras actividades enfocadas concretamente en procurar precisamente eso, un desarrollo y crecimiento urbano de nuestro San Luis con orden. Punto. Urbanistas, académicos, ambientalistas, desarrolladores, empresarios interesados en el tema han hecho pronunciamientos con el fin de que, de entrada, se nombre al titular de dicha Procuraduría. Mínimo, que el Ejecutivo revise las ternas de quien podría presidirla y empezar a trabajar. De entrada. Después, la asignación de un presupuesto acorde a sus tareas y labores. Y no seria cosa menor. Por ejemplo, la zona metropolitana de la capital potosina, masa que forman los municipios de San Luis, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes y los municipios de la zona centro, han logrado expandir los raudales de concreto tanto horizontal como verticalmente y por lo tanto seria tonto pensar que no es necesario tener un órgano que vigile lo correcto. Fue la pandemia, el pretexto para el freno que hasta hoy se han pronunciado desde el Palacio de Gobierno y nadie dice nada o que sigue. La zona metropolitana y las cabeceras principales del altiplano, media y huasteca seguirán creciendo. El auge económico, industrial y social no se puede frenar, el crecimiento urbano y su convivencia con la naturaleza a la que seguimos tratando de empujar hasta desaparecerla también. El desorden menos. Sera una gran tarea entonces de la administración que encabece Ricardo Gallardo a partir del 26 de septiembre. Hacer lo que su antecesor no hizo, entre otras cosas, la Procuraduría Urbana. Voluntad puede tener, marco legal lo puede modificar si no le gusta. Pero que se vea y sienta el cambio que han dicho.  Porque cambios urbanos también seguirá habiendo. Hasta mañana…