La mano que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ha tendido para la regularización de vehículos conocidos como “chocolate”, representa un alivio, por ejemplo, en San Luis, para las mas de 90 mil unidades que lo transitan. Si bien es cierto la llegada de estos en la década de los años 80´s y 90´s se debió a esa detonación tanto de los miles de migrantes que ya habitaban la unión americana, como los que seguían llegando y que, al reunir algún patrimonio, un vehículo mas barato y en buenas condiciones era la oportunidad. También represento una serie de desventajas. La falta de documentación nacional y por lo tanto de una legalidad mexicana que garantizaran su propiedad y amparara cualquier compra-venta, llevo a que los mismos tuvieran la limitante -en el “único” dueño- de poder comerciarlo. Los propietarios de estos vehículos, con ciertas características socio-económicas, tienen pues complicaciones para sus arreglos y mantenimiento, terminando en el olvido de la chatarra. Si bien terminaban. Y entonces ese olvido de imagen, es aprovechado para el uso ilegal. Según cifras de Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la organización Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio, en San Luis Potosí se han reportado casos de personas que usan vehículos de procedencia extranjera para cometer delitos. Del 60% de ilícitos que se cometen haciendo uso de vehículos, usan vehículos nacionales y 40%, extranjeros. Sin dejar a un lado que en el estado circulan más de 90 mil autos “chocolate”, alrededor del 20% no se ha regularizado. El análisis es que, de entrada, el hecho de regularizarlos claro que no terminaría con la delincuencia que usa un vehículo para su ejecución. Si mínimo daría pie entonces a que se tuviera una mayor facilidad de ubicación del mismo. La regularización de los vehículos “chocolates” es entonces un paso que miles piden. Debe pues el estado de analizar bien sus pros y contras. 

La voluntad existe, de ambas partes… Hasta mañana…