“Ante el cuantioso desfalco superior a los mil millones de pesos que sufrió San Luis Potosí y el daño causado a la ciudadanía, urge castigo para quienes permitieron descaradamente desvíos de recursos públicos, por ello como Cabildo nos sumamos a la exigencia de justicia y cárcel porque no podemos permitir impunidad”, declaró tajante el regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Uriel Waldo Luna.

Reafirmó que así como el actual Gobierno capitalino no ha sido omiso ante estos presuntos y graves delitos cometidos por la pasada administración, por lo que se integraron y entregaron los expedientes correspondientes, “esperamos que las autoridades que llevan las investigaciones de las 11 denuncias no se queden calladas porque de hacerlo, se convertirían en cómplices por no aplicar todo el peso de la ley”.

De ahí que reiteró la pregunta: “¿Para cuándo la justicia?”, ante las seis denuncias interpuestas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí en la Fiscalía General de la República; y cinco más en la Fiscalía del Estado, aunque añadió que tiene conocimiento que aún podrían presentarse más denuncias ante la serie de irregularidades con las que se conducían quienes manipularon la gestión municipal anterior.

No es cosa menor, remarcó Waldo Luna, el que hayan desviado más de 267 millones de pesos de impuestos que descontaron al personal, pero que nunca pagaron a Hacienda; ni tampoco que no se haya realizado la modernización de avenida Fray Diego de la Magdalena, pese a que se pagaron más de 112 millones por esa obra que no se llevó a cabo; el que se haya simulado la compra de medicamentos por más de 42 millones, mucho menos que recursos que eran para seguridad – más de 8 millones de pesos-, se hayan empleado para adquirir ollas.

Otras afectaciones millonarias en contra de la ciudad, es el cambio de uso de suelo en el área cercana a Camino a la Presa para beneficiar a un alto ex funcionario municipal; así como diversas irregularidades detectadas en el manejo del INTERAPAS, cuyo costo supera los 162 millones de pesos, entre muchas otras que comprenden las 11 denuncias.

Debido a este panorama, el integrante del actual Cabildo reafirmó que las autoridades investigadoras y encargadas de impartir justicia, “tienen un compromiso no con el Gobierno de esta capital, sino con la población potosina que es la que hoy reclama, exige ya sanciones a un año de que se entregaron los expedientes debidamente integrados y hasta el momento, no hay castigos para quienes abusaron de su puesto en el trienio pasado”.