CIUDAD DE MÉXICO.- En el último minuto y luego de intensas negociaciones con Estados Unidos, China y Liberia, el Gobierno de México logró suavizar un poco el ultimátum del Secretariado de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), por los nulos avances en las acciones de protección a la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de pez Totoaba. La delegación mexicana presente en Ginebra, Suiza, encabezada por la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Mendoza Vera, prometió a los 183 países miembros entregar informes cada seis meses sobre la situación en el Alto Golfo de California. Lo anterior a cambio de que se borrara del texto original de la resolución las sanciones explícitas contra México, en caso de no lograr avances suficientes para la reunión del próximo año. De esta forma, se modificó la redacción para que no incluyera la advertencia de que se suspenderá la exportación de especies mexicanas incluidas en la CITES, como son las aletas de tiburón, trofeos de caza de borrego cimarrón o venta de madera de caoba, si continúa fuera de control la pesca furtiva en el hábitat de la vaquita marina. La variación en el texto no significa que se haya alejado el riesgo de que la comunidad internacional aplique nuevas sanciones comerciales contra México, ante el fracaso de las políticas públicas para la preservación del mamífero marino en mayor peligro del mundo y la pesca ilícita de Totoaba, porque sólo es una cuestión de forma y no de fondo, que tiene que ver más con cuestiones diplomáticas. Previamente, la titular de Profepa ofreció un informe a la asamblea sobre las acciones de México en la región, que, en su mayoría, son resultados de la anterior administración, ya que la “Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California”, presentada por el actual gobierno carece de estrategia, acciones específicas y presupuesto. Además de que las comunidades pesqueras de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora acusan a las autoridades de abandono porque les quitaron el pago mensual de compensaciones económicas que recibían por sacar sus redes del mar, y a cambio no les dieron ninguna opción productiva ni artes de pesca alternativas, por lo que no tienen ninguna forma legal de subsistir. En su intervención, Blanca Mendoza Vera dio a conocer que del 1 de enero de 2017 al 31 de julio de 2019 se aseguraron dos mil 835 piezas y partes de Totoaba. Reconoció que, en la presente administración, de enero a julio de 2019, sólo se han logrado decomisar 202 buches y 163 totoabas sin buche abandonadas en playas o enmalladas en redes. Destacó que hasta julio de 2019 se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a 249 personas y de éstas únicamente 33 recibieron condena, es decir, que sólo 13.25 por ciento de los casos prosperaron. -- EXCÉLSIOR / ERNESTO MÉNDEZ

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