Ésta es la pregunta que todos los ciudadanos nos hacemos, en relación con el presunto caso de corrupción y blanqueo de cuentas públicas en la Auditoría Superior del Estado, escándalo en el que están involucrados 4 diputados locales, 3 con licencia y uno en funciones. La Procuraduría envió hace unas semanas la solicitud de desafuero en contra del diputado con licencia Enrique Flores, pero de las investigaciones contra los otros 3 diputados involucrados nada se sabe. Y el tema apremia, porque algunos de los diputados señalados amenazan con regresar al Congreso del Estado, amparados en la idea de que no hay nada que los incrimine o, de lo contrario, la Procuraduría ya hubiera procedido contra ellos. Hasta sus partidos, que en un primer momento se mostraron de acuerdo en que pidieran licencia, están a favor de que regresen a sus puestos. Apuestan al olvido ciudadano, a un ambiente más favorable, una vez que las bravas aguas se calmaron. Por eso es importante que la Procuraduría salga a explicar en qué van las investigaciones, algo parecido a lo que hizo cuando Flores intentó volver al Congreso, que amenace con desaforarlos o que aclare que la investigación sigue y que no es momento para que se declaren “inocentes”. El Congreso también está bajo el “ojo público”, pues el próximo lunes 9 de octubre se vence el plazo para que el diputado Enrique Flores envié a la Comisión Jurisdiccional las pruebas para su defensa. Una vez que esto ocurra, la comisión deberá sesionar de nuevo, para determinar si procede o no la solicitud de desafuero que presentó la Procuraduría. Más le vale al Congreso realizar este procedimiento conforme a derecho, que no intente demorarlo y mucho menos beneficiar al presunto culpable, con algún argumento leonino. Los políticos y funcionarios públicos se quejan de excesiva presión ciudadana en este caso, pero lo que realmente queremos es información, porque no es la primera vez que un caso espinoso termina en el baúl del olvido. Y parafraseando el ideal en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, “ni perdón, ni olvido”. Nuestros políticos están acostumbrados a hacer las cosas a su contentillo, para beneficiarse. Si no pregúnteles a los diputados locales como es posible que en 45 días se vaya a hacer una nueva revisión de las Cuentas Públicas de 2016. En ese tiempo ni una revisión documental se alcanza a hacer. La ASE debería explicar qué clase de nuevas auditorías se van a realizar, porque de nuevas no parecen tener nada y tampoco esclarecerán si hubo o no blanqueo de cuentas públicas.