Concluir los estudios universitarios es difícil y mantenerlos podría ser aún más complicado. En días pasados, el diputado Federal por el partido Nueva Alianza, Ángel García Yáñez propuso modificar una ley secundaria para que la cédula profesional se renueve cada seis años luego de acreditar una evaluación teórico-práctica. De aprobarse, la ley tendría validez nacional ya que las cédulas se emiten en la sede central de la Secretaría de Educación Púbica, en la Ciudad de México. La propuesta le valió diversas críticas en redes sociales y en medios de comunicación, ya que el diputado solo concluyó sus estudios de nivel medio-superior.

Respecto a las críticas sobre su grado de estudios, el diputado dijo que con su trayectoria le había bastado para tener el cargo de Diputado y Presidente Municipal en Morelos. "Tengo derecho también, conforme a la ley, de aspirar a un cargo, no necesito la licenciatura, con todo respeto", dijo García Yáñez en una entrevista con El Universal. La ley mexicana considera que cualquier persona puede tener un cargo como legislador sin importar su nivel de estudios. Al presentar su iniciativa, el legislador expuso que la sociedad requiere de profesionistas capacitados y especializados sobre todo en carreras como medicina, que implica diversas ramas y especialidades como anestesiología, gineco-obstetricia, odontología, oncología o enfermería. “Se extiende a los abogados que ejercen las distintas disciplinas jurídicas, donde se requiere de expertos y no de chantajistas, pues el resultado de un mal ejercicio profesional puede derivar en ser privado de derechos como a la libertad, el patrimonio o la vida”, apuntó en un comunicado de la Cámara de Diputados. Lo que no mencionó el legisldador es que esto ya es una obligación para los profesionales de la salud desde 2011. Según lo indica el artículo 81 de la Ley General de Salud, quienes quieran ejercer una especialidad médica (incluyendo medicina general) deben obtener una certificación cada cinco años para ejercer como médico. El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas es quien tiene las facultades supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la “certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina”. Daniel Núñez, médico especialista en Urología quien ya obtuvo su primera recertificación, dice a Verne que este proceso requiere la asistencia a congresos, presentación de estudios y también un examen ante un consejo designado y finalmente el pago de entre 5.000 y 10.000 pesos (entre 263 y 526 dólares), dependiendo de la especialidad. “La parte buena es que te mantienes actualizado, pero también implica que si no tienes dinero suficiente para ir a los congresos, no consigues los puntos necesarios”, menciona vía telefónica. En el caso de los abogados, existe la posibilidad de que los colegios de juristas de México expidan documentos que validen la actualidad de los estudios, aunque no es un requisito para ejercer. Un análisis del Centro de Investigación y Docencia Económicas indica que para un ejercicio mejor de la abogacía y otras profesiones derivadas del estudio de leyes, se debe contar con una legislación que obligue a la recertificación cada cinco o seis años. Salomón Padilla, abogado experto en competencia económica, dijo a Verne que un trámite de renovación de la cédula para justistas es positiva “en tanto lo administren los colegios de abogados y no el Gobierno”, destaca. "Los grandes despachos piden certificación, pero es opcional, puedes pasar más de cinco años sin actualizarte", comenta vía correo electrónico.  Para Salvador de Antuñano, director de Recursos Humanos de Adecco, firma especializada en talento y reclutamiento, la propuesta sería positiva si busca que se potencialice el talento humano. "Si se fomenta el aprendizaje por nuevos métodos, literatura y la adopción de tecnologías me parece que es una opción interesante. Debe analizarse sobre todo si es para la mejora continua de las personas que impacta la vida de otras organizaciones y de otras personas", dice a Verne vía telefónica. Este requisito también podría añadir presión al ya de por sí complicado proceso de titulación. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la OCDE y otros organismos de educación superior, la cifra de egresados del total de estudiantes que ingresan a estudios de licenciatura va del 15 al 25%. Poner a debate el tema con instituciones educativas y autoridades sería positivo, según el experto en Recursos Humanos, pero considera que este trámite puede tener aristas negativas. "Si esto favorece la burocracia, la corrupción y las mordidas a raíz de la renovación de la cédula, sería un problema muy complicado", indica de Antuñano. "Estamos esperanzados en que una propuesta así funcione como una evaluación profesional y no como un tema que fomente la corrupción", señala. -- Verne