En Memoria de las 68 víctimas de feminicidio de 2016 a la fecha

(Reporte tomado de Secretariado Ejecutivo

del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

Las mujeres hubiéramos querido celebrar el segundo aniversario de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) con hechos concretos sobre la erradicación de la violencia feminicida; vamos, por lo menos que en todos los casos de muertes violentas de mujeres estuviera concluida la investigación y con sentencia definitiva en una clasificación del tipo penal como feminicidio.

Llegar a los dos años de la declaratoria de la AVG con actividades reportadas que se justifican ante la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) pero sin ninguna articulación interinstitucional que muestre el compromiso real del Gobierno del Estado para que exista una estrategia de política de persecución penal, en la erradicación de los feminicidios; ésta, la política de persecución, no va orientada a este tema, porque sigue sin ser significativo para quien lleva a cabo la política pública en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres garantizarnos una vida libre de violencia. ¿En estos dos años cómo ha enfrentado el Estado potosino el fenómeno criminal del feminicidio? ¿Por qué las acciones que se anuncian en los medios de comunicación, no tienen un impacto en el cambio cultura de las personas que ejercen violencia? ¿Cómo empezó el gobierno estatal a diseñar estrategias claves que pudieran replicar los municipios con AVG? ¿Cómo siguió el ordenamiento de la Declaratoria? Debemos poner siempre en el centro que la violencia contra las mujeres está considerada como un acto de discriminación que impide el ejercicio pleno de todos nuestros derechos y por tanto, es una violación a derechos humanos. Implementar la AVG en un estado en el que el propio gobernador recién electo solicitó a la Secretaria de Gobernación que la decretara, no ha sido tan sencillo como se esperaba, ni tan mágico como sólo decir que hay voluntad política –sin haberla- para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia feminicida. Parecía solo seguir una receta sin complicaciones, sin dilaciones para atender lo que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se señala como AVG “medidas de emergencia”. La vía más rápida para aparentar la dificultad, la omisión o el NoSéCómo es recordar siempre que estamos frente a un fenómeno cultural multifactorial. Vamos a desglosar las primeras acciones que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo desde que la Secretaría de Gobernación anunció mediante la declaratoria de la AVG el 21 de junio de 2017, Primero fue identificar que se debía hacer con cada una de las tres medidas: I.- Medidas de seguridad, II.- Medidas de Prevención, III Medidas de Justicia y reparación Cada una de éstas con cinco, ocho y seis acciones que podrían generar otras tantas como el Gobierno Estatal considerara para dar cumplimiento a las medidas de emergencia. El primer gran obstáculo que el gobierno encontró es que no había recursos económicos para cumplir la AVG, pero tal como lo diseñó la propia CONAVIM podía el ejecutivo estatal realizar una serie de proyectos en coordinación con la sociedad civil para acercarse recursos, y de esta manera atrajo cuatro millones de pesos mediante la firma del “Convenio[1] de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto Estatal de Acciones para el Cumplimiento de Medidas Específicas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí”. Una de las actividades más importantes a realizar con el Convenio referido es el Diagnóstico de tipos y modalidades de Violencia contra las Mujeres en el estado de San Luis Potosí, que se entregó pocos días antes del aniversario dos de la AVG. Antes de que los recursos pudieran llegar a las arcas del gobierno estatal derivado de este Convenio se iniciaron actividades bajo el cobijo de la Declaratoria,  pero que también sirvieron para refugiar a políticos y política en campañas electorales, claro sin que hubiera efectos, porque hasta hace unos días el ejecutivo envió al Legislativo un paquete de iniciativas de reforma que refuerzan los aspectos de la Declaratoria de la AVG. Estas actividades tienen que ver en su mayoría con las Medidas de Seguridad y las de Prevención, pero es importante que se articulen para que cumplan eficientemente con lo señalado en la Declaratoria. Por otro lado en lo relativo a las Medidas de Justicia y Reparación, se ordena la creación de dos aspectos relevantes, uno de ellos es la Unidad de Contexto para la investigación de los feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición y que muestre las dinámicas delictivas de violencia contra las mujeres; y el otro es la integración de un grupo especializado encargado exclusivamente del análisis de las carpetas de investigación y averiguaciones previas de asesinatos cometidos contra mujeres de 2011 a la fecha, con el objetivo de identificar las deficiencias en las investigaciones. A cambio de estos dos aspectos cruciales para la sanción de la violencia feminicida, el Convenio referido líneas arriba advierte de la creación del Sistema electrónico de Alertamiento de Violencia contra las mujeres, basado en el instrumento creado por la Unidad de Genero del Instituto Politécnico Nacional en 2009 denominado Violentómetro.  

[1] Ver el documento completo del convenio en el enlace https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5538624&fecha=21/09/2018